El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció la muerte de un recluso bajo custodia del Estado, en medio de lo que califica como «un patrón sistemático de abandono y violaciones a los derechos humanos dentro del sistema penitenciario del país».
De acuerdo con la organización, el fallecido fue identificado como Antonio José Manzano, quien murió en la antigua cárcel de El Marite, ubicada en Maracaibo, estado Zulia, tras presentar «un deterioro progresivo de salud sin recibir atención médica adecuada».
«El caso se suma a una serie reciente de muertes registradas en distintos centros de reclusión del país. Entre ellas, el OVP destacó lo ocurrido en el Internado Judicial Yare III, donde fallecieron Keivin Eduardo Matamoros, Eliecer José Córdoba García, Erkin Josué Ramos Flores, José Pascual Andrade Aguilar y Jean Carlos Jiménez Barrios. Aunque la versión oficial atribuye estos decesos a un presunto motín, familiares de las víctimas aseguran que los cuerpos presentaban heridas por arma de fuego, lo que pone en duda la explicación gubernamental», señalaron desde la ONG.
🚨#OVPDenuncia Murió otro preso bajo custodia del Estado en #Venezuela. Se trata de Antonio José Manzano, quien falleció en la antigua cárcel de El Marite, en Maracaibo #Zulia, tras el deterioro de su salud sin recibir atención médica adecuada.
— Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) April 29, 2026
Su muerte se suma a una secuencia… pic.twitter.com/lh4hjfFXbC
Asimismo, la ONG incluyó otros casos recientes como los de Ovidio José Madriz Mendoza (Rodeo III), Deivi Enrique García (Rodeo IV), Rosqui Norberto Escalona (Uribana) y Yelamo Zárraga José Ramón (Tocuyito), quienes habrían fallecido en contextos relacionados con enfermedades no atendidas oportunamente.
El OVP advirtió que, aunque las causas inmediatas varían, existe un elemento común: se trata de personas que murieron bajo custodia del Estado en condiciones que no garantizan el derecho a la vida ni la integridad física. La organización ha reiterado que enfermarse en prisión en Venezuela representa un riesgo mortal debido a la falta de atención médica, una situación que ha sido documentada de forma reiterada.
En ese sentido, el observatorio planteó una serie de interrogantes sobre la responsabilidad institucional: “¿Por qué continúan muriendo personas bajo custodia del Estado? ¿Qué ocurrió realmente en Yare III? ¿Quién responde por estas muertes?”, cuestionó.
También señaló la ausencia de acciones efectivas por parte de organismos como el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y los jueces de ejecución.
