El silencio de las instituciones se rompe protestando, subrayó la presidenta de Apufat, Argelia Castillo. El enfermero José Cádiz cambió los zapatos rotos por despojos de pollo para denunciar la calidad de los alimentos que entrega el CLAP
No fue la primera protesta de trabajadores, defensores de derechos humanos y familiares de presos políticos en Venezuela. Tampoco será la última. Pero sin duda que la concentración de este martes 6 de septiembre en Parque Carabobo implicó para sus organizadores y participantes un logro en una agenda de movilizaciones contra la política laboral del mandatario Nicolás Maduro. No solo tomaron la avenida Universidad, sino que lograron ser escuchados directamente por dos funcionarias del Ministerio Público. Y, como lo señaló Argelia Castillo, presidenta de Apufat, seguir entregando cartas a las instituciones busca romper lo que ha calificado como «silencio administrativo» del gobierno.
«Nosotros estamos planteando tres cosas. Una, la violación de los derechos laborales con el instructivo de la Onapre. Otro elemento es la liberación de los luchadores sociales presos. Y las sentencias del TSJ sobre el instructivo», enumeró Castillo.
El asunto «es que ya hemos ido a otros organismos, y ninguno ha dado respuesta. Hay un silencio administrativo. La ley dice que a toda organización que entregue un documento ellos le deben dar respuesta. Han pasado meses. Al Ministerio del Trabajo le hemos entregado cuatro o cinco documentos y nunca nos ha dado respuesta; el Ministerio de Educación, tampoco. El organismo que nos queda es la Fiscalía», precisó.
-¿El silencio administrativo es una respuesta?
-Sí. La lectura de nosotros, los trabajadores, es que no les importa, no les da la gana, No existe respeto por las leyes ni por los derechos laborales.
-¿Cómo se rompe el silencio administrativo?
-Protestando. No hay manera. Y buscando la unidad.
Esta es «la tercera vez que acudimos a Fiscalía General de la República» para solicitar la libertad de los trabajadores presos, señaló el abogado Eduardo Torres, integrante de la Coalición Sindical Nacional. Torres recordó que pasaron 45 días sin acciones del Ministerio Público en casos como el del también abogado Emilio Negrín, por lo que «el juez cuarto de control debía decretar la libertad inmediata o liberarlos bajo medida de presentación», pero el fiscal del caso optó por presentar una acusación, y hacerlo «de manera extemporánea».
Leida, la «abuela del casco rojo», sostuvo que los trabajadores públicos no tienen nada que celebrar y mucho por protestar.
El enfermero José Cádiz protestó con patas y despojos de pollo en las manos. «¿Hasta cuándo vamos a seguir comiendo esto?», se preguntó.
«Que el mundo entero lo sepa», exclamó.
Entregaron cartas, se desahogaron. Una parte se movilizó hasta el Ministerio de Educación Universitaria, a varias cuadras de distancia. La protesta unitaria rindió sus frutos.
