El deber de los Estados es prestar protección a cualquier persona que ingrese a un país como refugiado, afirmó este miércoles el abogado Marino Alvarado, integrante de Provea, a propósito del asesinato de un bebé por parte de la Guardia Costera de Venezuela.
No brindar protección es algo contrario a las normas internacionales, enfatizó. En este caso se actuó con total arbitrariedad, lamentó.
El comportamiento del Gobierno de Trinidad y Tobago no ha sido el mejor con los migrantes venezolanos, hay un historial de comportamiento no humanitario, condenó Alvarado.
Situaciones como estas deben ser tratadas por los ministerios de Exteriores de ambos países, pero «tiene que haber una actitud mucho más firme por parte de la Cancillería» y activarse mecanismos de la OEA «para que no se repitan» hechos como este.
Lo correcto es que el gobierno venezolano active la OEA, subrayó. Era la oportunidad para activar los mecanismos de diálogo. Lo que queda, entonces, es activar mecanismos de diálogo. «Tiene que haber un diálogo entre las dos autoridades, el gobierno venezolano y el gobierno de Triinidad y Tobago» y «ejercer la presión diplomática». El gobierno venezolano debe evaluar de manera integral la política de Trinidad hacia los migrantes venezolanos.
