En los años de gestión de Nicolás Maduro se registraron más víctimas de tortura que en los cuatro gobiernos anteriores, denunció Provea. La Asamblea Nacional aprobó la ley de adhesión al Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes
No deja de ser paradójico: El mismo día cuando el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) reportó más de mil víctimas de tortura durante el gobierno de Nicolás Maduro, la Asamblea Nacional (AN) dirigida por Juan Guaidó aprobó la ley de adhesión al Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
El investigador de Provea, Inti Rodríguez, señaló que entre 2013 y 2019, bajo el mando de Maduro, se registraron 1.170 víctimas de torturas. Entre 1988 y 2012 -es decir, en 24 años- se notificaron 895 casos. En otras palabras, Maduro superó a cuatro presidentes: Carlos Andrés Pérez, Ramón J. Velásquez, Rafael Caldera y Hugo Chávez.
Un poco más tarde, pero del mismo martes 14 de julio, en la sesión ordinaria de la AN se aprobó la adhesión a un protocolo internacional para la prevención de la tortura.
Si bien el Parlamento ha quedado convertido en un bonsái debido a todos los obstáculos que le ha impuesto el Poder Judicial, no deja de tener un gran peso simbólico que el mismo día que se denuncia la tortura bajo el mandato de Maduro, la AN transite la acera enfrentada y apruebe medidas para parar los tratos crueles.
El Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, al cual se une Venezuela según el dictamen del Poder Legislativo, establece:
-Un sistema de visitas periódicas a cargo de órganos internacionales y nacionales independientes a los lugares en que se encuentren personas privadas de su libertad, con el fin de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
-Un Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes del Comité contra la Tortura.
-Que cada Estado Parte permitirá las visitas a cualquier lugar bajo su jurisdicción y control donde se encuentren o pudieran encontrarse personas privadas de su libertad, bien por orden de una autoridad pública o a instigación suya o con su consentimiento expreso o tácito. Estas visitas, se llevarán a cabo con el fin de fortalecer, si fuera necesario, la protección de estas personas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
