El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela denunció este martes que la Justicia negó la amnistía al estudiante de Comunicación Social Jonathan Carrillo, quien salió de prisión con medidas cautelares el pasado febrero tras permanecer casi cuatro años preso, acusado de migración ilícita y usurpación de funciones cuando trabajaba en el Parlamento venezolano.
A través de X, el SNTP detalló que una jueza de un tribunal con funciones en terrorismo negó la solicitud de sobreseimiento a Carrillo y consideró que su caso no se encuentra enmarcado dentro de los hechos descritos en el artículo 8 de la Ley de Amnistía.
«La decisión le fue informada a través de un mensaje de WhatsApp y el tribunal también le indicó que él mismo podía hacer su apelación», añadió el sindicato.
Carrillo era trabajador de la Asamblea Nacional y estuvo detenido desde julio de 2022 hasta el 26 de febrero pasado, imputado por «migración ilícita de personas extranjeras, uso de documento público falso, usurpación de funciones y asociación para delinquir», según dijo el sindicato en una nota de prensa el 11 de febrero pasado.
El lunes, la gremial denunció que un tribunal negó la solicitud de amnistía del periodista Rory Branker, quien estuvo detenido por casi un año y fue excarcelado en medio del proceso de liberaciones iniciado en enero por el Gobierno encargado de Delcy Rodríguez.
Branker, imputado por terrorismo, asociación para delinquir, conspiración con gobierno extranjero y traición a la patria, introdujo su solicitud conforme a la Ley de Amnistía promulgada en febrero, pero el tribunal le notificó el lunes que «no procede» el sobreseimiento o anulación de su caso, añadió el SNTP.
La Ley de Amnistía contempla un período de 27 años, desde 1999 -cuando el chavismo llegó al poder-, pero establece que se concederá a personas vinculadas con 13 «hechos» ocurridos en 13 años distintos, lo que excluye el resto del período establecido, así como casos relacionados con operaciones militares y otros delitos, como corrupción, homicidio y violaciones de derechos humanos.
En el marco de este proceso, 8.416 personas habían recibido libertad plena hasta el pasado 26 de marzo, según datos del Parlamento, que no ha divulgado una lista con las identidades de los beneficiados.
Un total de 490 personas están detenidas por motivos políticos en Venezuela, entre ellos 44 extranjeros o ciudadanos con doble nacionalidad, informó el pasado jueves la ONG Foro Penal.
