Un total de 77 personas continúan detenidas en el país por su supuesta vinculación en diversos delitos del caso «Pdvsa-Obrero». Sus familiares, exigieron este lunes 5 de octubre al Gobierno que sean beneficiados con medidas cautelares, continúen las excarcelaciones de estos trabajadores, y puedan afrontar sus juicios en libertad.
Durante el mes de mayo y junio, otros 76 detenidos por el mismo caso lograron ser liberados gracias a diversas gestiones de los familiares ante la Asamblea Nacional (AN) y el Programa para la Paz y la Convivencia Democrática, pero consideran que el trabajo debe continuar hasta que todos los trabajadores petroleros estén en sus hogares tras enfrentar «juicios irregulares».
«Actualmente tenemos todavía 54 personas por Anzoátegui, 10 por Carabobo, nueve en Falcón, uno en Distrito Capital y tres fueron sentenciadas el 1 de octubre en La Guaira», dijo Zimarú Fuentes, abogada y familiar de un detenido, al tiempo que añadió que de estos detenidos, al menos 10 presentan graves patologías que tienen que ser atendidos de manera urgente, entre ellos uno amputado y otro con dos infartos.
«Nosotros pedimos que se extiendan las medidas cautelares para nuestros familiares, para que puedan enfrentar su proceso y su juicio en libertad, porque nosotros si queremos ir a juicio, nosotros queremos demostrar la inocencia de nuestros familiares en libertad», añadió Fuentes.
En este sentido, agregó que este caso actualmente mantiene a 63 niños a nivel nacional que están separados de sus padres y otros 41 adolescentes que tuvieron que dejar sus carreras universitarias porque dependían de ellos.
Denuncian «ensañamiento» contra funcionarios públicos
La dirigente política Lustay Franco denunció este 5 de octubre que el Gobierno continúa «ensañándose» contra los funcionarios públicos venezolanos. Indicó que 21 trabajadores liberados de la refinería Amuay se mantienen con los sueldos y beneficios laborales suspendidos tras más de un mes de haber sido absueltos de los cargos.
«Hasta el momento no tienen respuesta de PDVSA. Compadre, si usted tiene libertad plena es porque a usted no le consiguieron absolutamente nada. Tienen que ser restituidos a sus espacios laborales», sumó Franco al exhortar a PDVSA que reincorpore a estos trabajadores a estos espacios de trabajo.
«Todavía aparecen en Sipol, no tienen sentencia, entonces están a la deriva. Los sueltas, reconoces que no han cometido delitos, pero no le das trabajo, no le garantizas nada. Tenemos un promedio de que más o menos el 65% de los trabajadores detenidos estaban ya en proceso de jubilación. O sea, estamos hablando de más de 20, 25 años de servicio», comentó.
Por otra parte, Lustay Franco condenó que los bienes incautados a estos trabajadores, entre vehículos y viviendas, «no aparecen» y no se los han devuelto, además añadió que funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) viven en varias de estos inmuebles confiscados.
«Esto es una barbaridad. hay alrededor de 54 vehículos y 10 viviendas decomisadas, entre ellas viviendas donde vivía la familia, casas que ni siquiera están a nombre de los ciudadanos detenidos, que están ahorita viviendo gente del DGCIM, cuando quiera le pasamos el informe», dijo.
