Hermes Carrero, de 63 años, murió el 30 de septiembre tras sufrir un infarto dentro de su celda en el Internado Judicial de Barinas (INJUBA), informó el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
La muerte ocurrió apenas cinco días después de que una Comisión Presidencial para la Consulta Nacional sobre la Reforma de la Justicia Penal visitara el centro penitenciario para verificar su funcionamiento y conocer las condiciones de las personas privadas de libertad.
El OVP señaló que el fallecimiento de Carrero se suma a una sucesión de muertes de personas de edad avanzada bajo custodia del régimen. Entre el 19 y el 30 de septiembre, al menos cuatro personas de 60 años o más murieron en centros de reclusión.
El 19 de septiembre falleció Carmen Rodríguez, de 66 años, en el anexo femenino de Tocuyito, estado Carabobo, a causa de un infarto agudo al miocardio. Cinco días después, Tomasa Sánchez, de 72 años, murió por un paro cardiorrespiratorio en el Centro Penitenciario de Occidente I, en Táchira. Mientras que el 26 de septiembre falleció César López, de 68 años, en los calabozos de la Policía del municipio Juan Germán Roscio, en Guárico.
Según el OVP, más de 60 personas privadas de libertad han muerto desde abril, una situación que, a juicio de la organización, obliga a determinar las condiciones de salud de los fallecidos, los controles médicos que recibían, el acceso a medicamentos y si existieron síntomas o alertas que pudieron ser atendidos oportunamente.
En el caso de Carrero, la organización cuestionó especialmente qué condiciones fueron encontradas durante la visita de la »Comisión Presidencial» a INJUBA, realizada cinco días antes de su muerte.
“¿Se revisó la situación de salud de los presos? ¿Se identificó a las personas de edad avanzada o con enfermedades crónicas? ¿Se revisaron historias médicas? ¿Se preguntó quién necesitaba medicamentos, atención especializada o un traslado hospitalario?”, planteó el OVP.
La organización sostuvo que una supervisión penitenciaria debería incluir el acceso a las áreas de reclusión, la escucha de los presos y la revisión de sus condiciones de vida y necesidades médicas, especialmente en el caso de personas en situación de vulnerabilidad.
El OVP recordó además que la población de adultos mayores representa una realidad dentro del sistema penitenciario venezolano. En una investigación realizada sobre 7.414 personas recluidas en 157 dependencias del CICPC, identificó a 181 mayores de 65 años, algunos de ellos sometidos a permanencias prolongadas en espacios que no fueron concebidos para funcionar como cárceles.
