No se permite el abogado privado y el derecho a la defensa, subrayó
La geometría forma parte de la vida y, también, de la justicia y de la injusticia. El defensor de derechos humanos Eduardo Torres recurre a esta figura para ilustrar lo que ha llamado «el triángulo de la injusticia» en Venezuela.
Habla de la detención del periodista Carlos Julio Rojas porque, a su juicio, resume lo que sucede con las personas presas por razones políticas en el país. «El juez cuenta con la anuencia del defensor público que le imponen al imputado. Por otro lado el fiscal no actúa de buena fe, como le ordena la Constitución y la ley penal; la fiscalía se ha convertido en un organismo de persecución y encarcelamiento a inocentes en Venezuela por pensar distinto».
Torres indica que, desde enero de este año, se ha hecho muy visible lo del «triángulo de la injusticia», que es «que se ponen de acuerdo para impedir la defensa de abogados de confianza, la defensa de abogados privados».
Estas denuncias se han formulado en relación con Rocío San Miguel, directora de la organización Control Ciudadano; Carlos Julio Rojas, coordinador del Frente Norte de Caracas; y todos los dirigentes políticos y sociales detenidos en lo que va de 2024.
En su opinión, lo que se busca con este «triángulo de la injusticia» es que no haya defensa privada que pueda ver los expedientes, porque en ellos no habría elementos para sostener las causas. «Con el caso de los sindicalistas todavía permitían que nosotros defendiéramos, y nos dimos cuenta de que en los expedientes, además de estar amañados, no había ningún elemento de convicción; ninguna prueba. La ‘prueba reina’ que supuestamente ellos tenían, que era la declaración de un ‘patriota cooperante’, ni siquiera apareció en juicio. Ahora es peor la situación, y tenemos un gobierno que asume ese costo político: de decirle al mundo que en Venezuela no se permite el abogado de confianza y se vulnera el derecho a la defensa».
