La organización de derechos humanos Provea hizo un conjunto de recomendaciones al cumplirse dos meses de los terremotos del 24 de junio. «Transcurridos dos meses de tan lamentable evento natural, el parte oficial del gobierno interino al 17.08.2026 indica que existen 6.438 personas fallecidas, 86.358 personas heridas, más de 6.462 rescatados; más de 856 edificios afectados y 190 colapsados. Lo que generó 17.907 damnificados que se encuentran en 107 campamentos transitorios», recordó en un informe.
Estas son las recomendaciones de Provea:
- Exhortamos al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo a garantizar la vida e integridad de todas las personas que están acudiendo a labores de rescate, asistencia y documentación en las zonas afectadas por el doblete sísmico, investigando a los funcionarios de los organismos de seguridad que puedan incurrir en agresiones contra la población civil.
- El proceso de reconstrucción y elaboración de nuevas viviendas para los afectados debe realizarse conforme a lo establecido en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria nro. 6.154 del 19 de noviembre de 2014. En la misma se establecen los procedimientos para elegir contratistas en obras, bienes y servicios. Aunque existe un “estado de emergencia por el evento sísmico”, no es un Estado de Excepción que establece la adjudicación directa de contratos como establece el numeral 12 del artículo 4 de la citada ley.
- El Estado está en la obligación de reconocer y respetar los procedimientos establecidos en la Ley de Expropiación por causa de Utilidad Pública o Social, publicada en la Gaceta Oficial 37.475 del 01 de julio de 2002, en relación con los bienes inmuebles y terrenos que ocupe o adquiera para solventar la emergencia sísmica así como la calificación previa de utilidad pública decidida por la Asamblea Nacional.
- El Banco Central de Venezuela, en alianza con la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) y el sector bancario privado nacional, puede disminuir el encaje legal bancario y establecer un aumento de la cartera crediticia destinada a vivienda, así como disminuir el porcentaje de morosidad que permita que los propietarios privados de inmuebles que se vieron afectados por el doblete sísmico, puedan adquirir nuevas viviendas.
- Exoneración de las cargas parafiscales de forma momentánea y un régimen de contribución especial al fisco, para las empresas y negocios de los principales estados afectados por el doblete sísmico, con la obligación, de seguir produciendo y generando empleos remunerados que cumplan con las leyes laborales y de seguridad social.
- Debido a la organización y solidaridad demostrada por la sociedad civil y las organizaciones nacionales e internacionales de ayuda humanitaria, recomendamos incluir representantes de ambos espacios en el Estado Mayor para la atención de la Emergencia Sísmica. Esto, con la finalidad de poder articular esfuerzos conjuntos que beneficien a la mayor cantidad de venezolanos posibles.
- La Contraloría General de la República y el Ministerio Público están en la obligación de investigar las responsabilidades penales y administrativas individuales a las que haya lugar en relación con los responsables de la Opppe y de ingeniería municipal en los estados afectados que facilitaron la construcción de inmuebles en terrenos inestables, contrariando lo establecido en la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística.
- Consideramos un error haber nombrado como Autoridad Única para atender un evento de catástrofe natural a un Mayor General de la Guardia Nacional Bolivariana, cuando la práctica internacional promueve la incorporación de personas expertas en ayuda humanitaria y de protección civil para atender estos eventos, consolidando un Sistema de Comando de Incidentes (SCI) o la coordinación multisectorial de un mando unificado, en el cual la idoneidad técnica y la capacidad operativa determine el liderazgo. Aconsejamos que los organismos castrenses y de seguridad puedan desempeñar labores de custodia, remoción de escombros y control de orden público.
