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jueves, 25 abril, 2024
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¿El gobierno tiene «mareados» a los jubilados, pensionados y empleados públicos venezolanos?

Texto y fotos: Vanessa Davies

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Hasta ahora «hemos tenido buena aceptación, nos han atendido muy bien, nos han dado cafecito, nos han dado sandwiches, pero no hemos tenido la respuesta que queremos: que nos digan cuándo carrizo nos van a pagar», subraya Luis Cano. «Maduro dijo que el bono era pagadero en tres partes: tarde, nunca y jamás. Tarde, porque la inflación se lo está comiendo. Nunca lo verás, porque es pagado en tres partes. Y jamás le podemos seguir creyendo porque lo que nos dicen ha sido pura mentira», enfatiza Roberto Carpio

Poco antes de las 11 de la mañana de este lunes Luis Cano, presidente del frente de jubilados y pensionados, informó a los manifestantes congregados en la esquina Corazón de Jesús que acudiría a la Vicepresidencia Ejecutiva a buscar respuestas. ¿Respuestas a qué? A la exigencia del pago del bono de recreación para los jubilados, y del bono de uniforme para los trabajadores activos. El bono de recreación equivale a 85 días (unos 1.200 bolívares para una comunidad empobrecida), «y por primera vez en 15 años no se nos canceló; lo debían cancelar el 25 de mayo y no se canceló». El aporte para uniformes llega a 1.300 bolívares.

Cano dio las gracias a los equipos de mediación de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y partió a la reunión con funcionarios de la Vicepresidencia mientras los manifestantes gritaban «que nos paguen, que nos paguen». Antes de retirarse, recordó que son 5 millones de jubilados y pensionados «condenados por el gobierno a una muerte prematura» y reiteró que, para tener una vejez digna, «debemos comer tres veces al día, derecho a las medicinas, derecho a la recreación».

Horas más tarde, el dirigente de los jubilados y pensionados confirmó a contrapunto.com que no hubo respuesta oficial. No era la primera reunión, tampoco. Como lo recordó «ya nos habíamos reunido en la Vicepresidencia con el señor Simón Peraza; también nos hemos reunido con la gente de la Onapre, con la gente del Ministerio de Finanzas, con la directiva del Ipasme».

Hasta ahora «hemos tenido buena aceptación, nos han atendido muy bien, nos han dado cafecito, nos han dado sandwiches, pero no hemos tenido la respuesta que queremos: que nos digan cuándo carrizo nos van a pagar el bono de recreación a los jubilados, y el uniforme a los activos». La atención «ha sido muy cordial, pero siento que se nos burló, porque en la reunión con la gente de Finanzas y la Onapre, y en la Vicepresidencial, nos dijeron que nos marcháramos tranquilos porque nos iban a cancelar el bono de recreación, e incluso nos dijeron que eso estaba cargado en los bancos y que había que hacer así (chasquea los dedos), y caía. Bueno, han pasado tres semanas, no han hecho así y no nos han pagado».

«Nosotros esperamos respuesta de la Onapre, de Vicepresidencia, de Finanzas», subrayó Roberto Carpio, dirigente de los jubilados del Ipasme. «Nos han conculcado los derechos a nosotros, y también, a los trabajadores activos».

En una protesta nacional del sector universitario, realizada en mayo pasado y que llegó a dos cuadras del Palacio de Miraflores, el profesor Tulio Olmos, vicepresidente de la Asociación de Profesores de la UCV (Apucv), afirmó: «Nos tienen ‘mareados’. Nos reciben, pero no nos dan respuesta».

Desde marzo pasado la administración pública se ha mantenido en protesta para rechazar el instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), que -como lo denuncian los gremios- desconoce las contrataciones colectivas y reduce el ingreso entre 40% y 70% por la reducción de las primas. Los dirigentes han sido atendidos, los han escuchado en diferentes instancias oficiales; incluso, una comisión fue atendida en el Palacio de Miraflores, y se firmaron actas para certificarlo. Hasta allí.

Un recurso de amparo contra el instructivo de la Onapre fue introducido ante el TSJ por un grupo de trabajadores públicos liderado por el exconstituyente Telémaco Figueroa. Posteriormente la Coalición Sindical Nacional -encabezada por el dirigente Carlos Salazar- se adhirió a este amparo, y también lo hizo la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela (CUTV), con el dirigente Pedro Eusse a la cabeza. Estas acciones, hasta la fecha, tampoco han producido una reacción por parte del gobierno.

«La ministra de Salud, Magaly Gutiérrez, dice que está muy preocupada, que los viejos no podemos estar en la calle porque hay una nueva cepa. Bueno, si no nos quiere ver en la calle, que nos paguen. No me puedo quedar en mi casa cuando no tengo comida, cuando no tengo medicinas, cuando no tengo luz, ni gas», enfatizó Luis Cano. «Ministra, no me puedo quedar en mi casa muriéndome de hambre. Dennos respuesta».

También aseguró que hay jubilados a quienes les corresponde el pago de la bonificación de 10 mil bolívares y no les han cancelado. «Siempre denuncio que ni en el discurso se ponen de acuerdo. Primero Maduro dice que lo van a pagar en tres partes, y al día siguiente la vicepresidenta dice que en 12. Bueno, ni es en tres ni es en 12. Promesas, compromisos que no cumplen».

A este gobierno «no se le puede creer», sentencia Carpio. «Maduro dijo que el bono era pagadero en tres partes: tarde, nunca y jamás. Tarde, porque la inflación se lo está comiendo. Nunca lo verás, porque es pagado en tres partes. Y jamás le podemos seguir creyendo porque lo que nos dicen ha sido pura mentira». Recuerda con molestia que el gobierno haya donado «30 toneladas de alimentos y medicinas a un país llamado Surinam, y mientras tanto en nuestros hospitales no hay insumos, estamos sin medicinas y los que tienen nevera la tienen vacía y como la fuente de Plaza Venezuela: luz y agua».

Son muchas desazones juntas para los empleados públicos. Para Rafael García, de 80 años de edad y con 30 años de servicio en el Ipasme, es insólito que no pueda acudir a la consulta médica que necesita. «Tengo una orden que me dieron el 18 de marzo para que me dieran una cita para el cardiólogo, y esta es fecha que no me la han dado. Me dieron una orden para venir el 21 de este mes al urólogo para darme la cita. Ya va a cumplir tres meses. Me hice los exámenes en un laboratorio privado, perfil 20 y antígeno prostático», detalló. «Yo cobro como 500 bolívares mensuales, y eso no alcanza para nada».

Del buen trato de los funcionarios de mediación de la PNB puede dar fe. No ha sido igual con otras organizaciones. Incluso, reiteró que un dirigente de un grupo afín al oficialismo (colectivo La Piedrita) los acusó de saboteadores.

Luis Cano afirma sentir una mezcla de rabia y frustración. «Nuestros hijos se nos fueron del país, y la mayoría de los que están aquí manifestando están sumergidos en un estado de depresión, y no pueden ir a una consulta privada, porque una consulta con un psiquiatra cuesta 100 bolívares».

De no tener respuesta, insiste, «vamos a seguir en la calle». Vicepresidencia «debe darnos una fecha» para el pago, apunta Roberto Carpio. E ironiza: «Y que no sea el 31 de febrero».

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