Wolmer Pinilla y José Augusto Arias, sobrevivientes de la masacre, acudieron este viernes al Ministerio Público acompañados por el equipo de Provea y activistas de derechos humanos
Han pasado 34 años de la masacre de El Amparo, perpetrada por funcionarios del Comando Específico José Antonio Páez (Cejap) el 29 de octubre de 1988. Catorce pescadores fueron asesinados, otros dos lograron sobrevivir porque se lanzaron al agua. En todo este tiempo no se ha hecho justicia, como lo recordó Rafael Uzcátegui, coordinador del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea).
Fue Provea la organización que, contra todos los obstáculos, asumió la defensa y el acompañamiento de los sobrevivientes y de los familiares de las víctimas. Y fue Provea la que este viernes 28 de octubre acudió al Ministerio Público, en Parque Carabobo, para solicitar que actúe a fin de que se destranque el proceso legal.
Además de activistas de derechos humanos, la concentración de este viernes tuvo dos grandes protagonistas: Wolmer Pinilla y José Augusto Arias, sobrevivientes de la masacre. Lectura de poemas y una misa formaron parte de esta conmemoración.
El padre Alfonso Maldonado ofició la eucaristía. Lo hizo por sus relaciones con organizaciones de derechos humanos. Considera que tuvo un extraño privilegio al poder acompañar a los sobrevivientes de El Amparo. El 29 de octubre es «una vergüenza desde todo punto de vista: humano, religioso, como sociedad». Nunca debió ocurrir este hecho, enfatiza.
Marino Alvarado, integrante del equipo de Provea, detalló que en junio la Sala Penal del TSJ decidió que es la Corte de Apelaciones de Apure la que debe sentenciar. El 25 de octubre «estuvimos, con los dos sobrevivientes, revisando el expediente; pero no ha llegado todo el expediente, y por lo tanto, la Corte de Apelaciones no puede empezar a trabajar el expediente hasta tanto la Sala Penal no lo mande».
La petición al MP es «que los fiscales que están en el TSJ exhorten a la Sala Penal a que remita el expediente a la Corte de Apelaciones de Apure, para que la Corte dicte sentencia». Y que la dicte con base en lo que decidió el máximo tribunal en 2016, cuando anuló la sentencia de la Corte Marcial de 1992.
