La deficiente prestación de los servicios de energía eléctrica, agua potable, gas doméstico, salud, educación y transporte público, así como las dificultades para acceder a los alimentos se han agravado desde el mes de marzo con la aplicación de la cuarentena
Las medidas de confinamiento por la pandemia de Covid-19 han empeorado la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en el Zulia, de acuerdo al boletín de agosto publicado por la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez).
En este informe se documentan las condiciones de vida de las personas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas que habitan en las zonas de Guajira y Perijá. Se destaca que la deficiente prestación de los servicios de energía eléctrica, agua potable, gas doméstico, salud, educación, y transporte público, así como las dificultades para acceder a los alimentos se ha agravado desde el mes de marzo con la aplicación de las medidas restrictivas relativas a la cuarentena colectiva y social.
Como consecuencia de las medidas anunciadas por los gobiernos venezolano y colombiano con motivo de la pandemia, más del 80% del sector laboral y comercial se paralizó en la Guajira a partir del segundo trimestre de 2020. Por su parte, en la zona de la sierra de Perijá, las dificultades de acceso a los poblados, la sequía, las inundaciones y la proliferación de enfermedades, presuntamente erradicadas, siguen ocasionando daños irreparables a las comunidades allí asentadas, ante la inacción e inercia estatal.
En el transcurso del año han sido comunes las denuncias por fallas eléctricas o cortes prolongados que se extienden más allá de las horas de racionamiento. El boletín de Codhez resalta la situación del 19 de agosto, cuando 80 comunidades de Paraguaipoa, es decir, más de 50.000 personas, quedaron sin servicio eléctrico debido a fuertes lluvias que provocaron una caída de guayas y cinco postes.
Las autoridades manifestaron no contar ni con las herramientas ni el combustible necesario para trasladarse a atender las averías, y varios habitantes debieron organizarse para suministrar combustible a los camiones de Corpoelec. Sin embargo, esta circunstancia persistió varios días.
Después de una semana, y luego de más de 180 horas sin servicio, los vecinos de Paraguaipoa se concentraron en la plaza central para organizar comisiones y exigir la restitución de la electricidad. Este hecho ha sido catalogado por el Comité de Derechos Humanos de la Guajira como “una violación a los derechos humanos de más 50.000 personas”.
Con respecto al suministro de agua, el 21 de enero el Gobernador del Estado Zulia anunció que a partir del siguiente mes el municipio Guajira tendría agua potable por tubería. En esta subregión hay poblados que tienen más de 20 años sin agua corriente y cuyo suministro de agua depende de pozos artesanales, además de que se ven obligados a consumir agua no apta para el consumo humano.
En abril, en pleno aumento de casos de Covid-19, los habitantes de la Guajira continuaban esperando por el servicio de agua corriente. Esta ausencia de agua potable impide la correcta preparación de los alimentos y han trascendido reportes de familias que solo pueden cocinar una comida al día por no contar con agua para su preparación. Asimismo, la carencia de servicio de gas doméstico se suma a la lista de dificultades que deben afrontar los wayuu para preparar alimentos.
Apenas 15 días después de la declaratoria del estado de alarma y la subsecuente aplicación de medidas restrictivas, los habitantes de la región Guajira afirmaban que “no nos va a matar el virus, nos va a matar el hambre”, dado el cierre de los puntos fronterizos donde, normalmente, compraban sus alimentos.
La inseguridad alimentaria entre los indígenas en el estado Zulia ha sido una problemática sostenida en el tiempo, pues tanto la accesibilidad como la disponibilidad de los alimentos necesarios para la nutrición de estos pueblos no han sido garantizadas por el Estado venezolano.
La mayoría de los habitantes de la Guajira debe trasladarse hasta Colombia para adquirir los pocos alimentos que pueden. Se ha denunciado que para llegar a otras zonas se debe recorrer hasta 12 kilómetros en bicicleta, o en el peor de los casos, caminar para adquirir tan solo tres artículos con bonos proveídos por el gobierno, dado que la mayoría depende de la economía informal y las medidas de confinamiento han afectado sus ingresos y dependen de la ayuda gubernamental para subsistir. La misma situación enfrentan quienes perciben salario fijo, pues este resulta insuficiente ante el alto costo de los alimentos.
Según información de la Alcaldía de Mara, en este municipio y la Guajira se han detectado más de 496 familias con niños malnutridos y deshidratados, asociados con otras patologías como cardiopatías y parasitosis. En agosto se reportaron altos índices de desnutrición en niños de la Guajira. Algunas familias caminan hasta 20 kilómetros para pedir pescado y así contar con un plato de comida al día.
Otras de las situaciones reportadas por Codhez en el boletín se refieren a la precaria atención sanitaria de los pueblos indígenas, agravada en el contexto de la emergencia sanitaria por la pandemia. Además del flagelo de la pandemia, otras enfermedades permanecen desatendidas en la subregión como casos de paludismo, tuberculosis y personas portadoras del VIH con limitado acceso a medicamentos y tratamientos pertinentes.
La problemática en la educación se ha hecho más desoladora, cuando el gobierno nacional declaró la suspensión de clases presenciales y la activación del plan Cada Familia una Escuela, que implica la realización de actividades académicas a distancia mediante el uso de la gestión virtual de la educación. Para la ejecución de este plan se requieren como elementos básicos tanto un servicio continuo de energía eléctrica como un acceso permanente a internet, condiciones de las cuales carece el municipio Guajira.