En el marco del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de Crímenes Contra Periodistas, el Colegio Nacional de Periodistas seccional Caracas reveló un balance que detalla la vulneración de derechos hacia comunicadores en Venezuela. De acuerdo con el reporte oficial presentado por la organización gremial, entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2026 se registraron un total de 155 agresiones dirigidas hacia periodistas y medios de comunicación.
El documento emitido por la seccional Distrito Capital especifica que dentro del balance de amedrentamiento se contabilizaron 37 casos de intimidación, 26 hechos de impedimento de cobertura y 23 detenciones arbitrarias aplicadas contra trabajadores de la prensa.
Asimismo, el registro del gremio documentó 16 denuncias por hostigamiento, 15 deportaciones de corresponsales extranjeros y 13 ataques directos contra los profesionales de la información en el territorio nacional.
A las acciones violentas e impedimentos físicos en el ejercicio de la profesión se suman agresiones de carácter técnico y de restricción legal. El informe detalla 12 casos de borrado de material fotográfico o audiovisual, 7 denuncias por amenazas directas y el cierre de 4 emisoras de radio. De igual forma, la contabilidad de vulneraciones incluye un intento de robo de equipos de trabajo y el decomiso formal de una credencial periodística.
Política sistemática contra los medios independientes
Ante el incremento de estos incidentes, el secretario general de la seccional Caracas del CNP, Edgar Cárdenas, fijó posición sobre la situación que atraviesa el gremio periodístico en el país. Cárdenas advirtió que la censura estructural y el bloqueo a la cobertura de calle forman parte de una política sistemática que busca silenciar a los medios independientes y fomentar la autocensura dentro del ejercicio profesional.
Por intermedio de sus voceros oficiales, la representación gremial reiteró el valor fundamental de la libertad de expresión para la sociedad venezolana. Desde el Colegio Nacional de Periodistas manifestaron enfáticamente que «el derecho a informar no es un delito», a la vez que formalizaron la exigencia de «garantías constitucionales, el cese de la persecución y el respeto absoluto a la labor de los reporteros, fotógrafos y corresponsales en todo el país».
