El Colegio Nacional de Periodistas (CNP), seccional Caracas, albergó en el Cine Prensa de su sede la entrega de reconocimientos y medallas a comunicadores y medios de comunicación por la labor periodística desempeñada en el país. Durante el discurso inaugural del acto, el secretario general de la seccional, Edgar Cárdenas, abordó el panorama actual del ejercicio informativo en Venezuela, el marco legal que rige a la institución y los obstáculos en materia económica, de salud y libertad de prensa que enfrentan los trabajadores del sector.
En sus palabras de apertura, Cárdenas contextualizó la trayectoria de la organización de cara a la conmemoración de sus cinco décadas, destacando que «a pesar de que la ley data de 1972, la primera ley, el Colegio Nacional de Periodistas como institución comienza a funcionar en el año 1976», hito que según el vocero exige mirar el presente con lucidez y determinación.
Asimismo, definió el libre ejercicio en el territorio nacional como una prueba cotidiana donde «la censura, la autocensura, el bloqueo de portales digitales, las citaciones judiciales, los amedrentamientos y las agresiones físicas y verbales pretenden normalizarse como parte del paisaje cotidiano».
Persecución judicial y bloqueos institucionales
Al presentar el balance de vulneraciones a los derechos informativos, el representante gremial precisó que entre el primero de enero y el 31 de agosto del presente año se registraron 140 agresiones contra periodistas y medios. Cárdenas sostuvo que tras cada hecho de hostigamiento «se ataca directamente al ciudadano, a quien se le priva del derecho fundamental a saber, a dudar y a formar su propio criterio».
En ese sentido, denunció la transformación de las dinámicas de censura mediante el uso de organismos de fiscalización tributaria para asfixiar empresas comunicacionales, señalando que en el país las compañías periodísticas «están cerrando por quiebra de la democracia», tal como consideró que aconteció con el diario La Voz.
Durante la alocución, se hizo referencia a profesionales del área que han debido trasladarse al exilio debido a procedimientos judiciales, órdenes de captura o congelación de bienes, mencionando el caso de la periodista Charito Rojas. De igual forma, el vocero aludió a situaciones de detención que involucran a comunicadores y activistas como Carlos Julio Rojas, Yaelimena Ramos, Luis López, Julio Barza Maldonado, Ramón Centeno y Leandro Cubiñano.
Frente a estas acciones, Cárdenas enfatizó que «informar no es un delito y decir la verdad no representa un acto de terrorismo», remarcando además el valor del reporteo hiperlocal ante contingencias como la situación de los presos políticos o los sismos reportados el pasado 24 de julio.
Precarización laboral y demandas del gremio
En el ámbito social y de protección al trabajador, el secretario de la seccional Caracas expuso que los comunicadores enfrentan sueldos insuficientes para cubrir la canasta básica, informalidad contractual y falta de cobertura ante emergencias médicas por la ausencia de pólizas de seguro y deficiencias en el sistema público. A la par de estos reclamos económicos, Cárdenas reafirmó la postura del colegio contra el intrusismo profesional, argumentando que «informar de manera ética, verificada y responsable requiere de preparación académica, de rigor académico y de apego estricto a la ley de ejercicio del periodismo y a su propio código de ética» para contrarrestar la desinformación.
Para finalizar, la seccional Caracas del CNP hizo un llamado a los poderes públicos y mesas de negociación, manifestando que el derecho a la información «no se puede subastar, no se negocia y no puede ser sometido a acuerdos o cálculos políticos».
Entre los requerimientos formulados por la institución destacan el cese del bloqueo a portales digitales, la derogación de instrumentos como la Ley contra el Odio, la anulación de procesos judiciales arbitrarios, la liberación de los trabajadores de la prensa procesados, la devolución de sedes, equipos y frecuencias confiscadas, así como la garantía de condiciones de seguridad física y jurídica para el ejercicio periodístico en todo el país.
