Juan Ángel De Gouveia, presidente de Consorven, señaló que 37% de las personas con las que hablaron «están en pobreza extrema»
Yadira Sánchez veía, pero una enfermedad hizo que su mundo se volviera oscuro. Sin embargo, afirma que tiene «una luz interna que la transmito a todo el que está a mi alrededor».
Su historia hizo que prorrumpieran en aplausos todos los asistentes a la presentación del informe sobre derechos humanos de las personas con discapacidad, actividad realizada el pasado miércoles, porque esta mujer ha logrado empinarse sobre las muchas dificultades que debe afrontar en Venezuela.
El documento elaborado por la Confederación Sordos de Venezuela (Consorven) y la Fundación Vanessa Peretti (Funvape) evidencia las vicisitudes que sortean a diario los venezolanos como Sánchez. Una de ellas, la pérdida del poder adquisitivo. Juan Ángel De Gouveia, presidente de Consorven, señaló que 37% de las personas con las que hablaron «están en pobreza extrema».
Estos son cinco datos y una denuncia sobre la situación de las personas con discapacidad en Venezuela.
1)Salud. En 71% de los casos la salud es el principal derecho humano violentado. «75% presenta la imposibilidad de acceder a atención médica, como consecuencia de la falta de insumos médicos en los centros hospitalarios públicos». Un 25% no tiene acceso a tratamientos médicos por no poder costearlos. «44% de los centros de salud a los que asistían las personas encuestadas no contaban con un servicio regular de agua y electricidad, y un 93% de las personas con discapacidad tampoco recibían atención domiciliaria en materia de salud brindada por el Estado».
Se reportaron usuarios que debían recorrer 10 kilómetros o más para tener servicios de salud. Otros expresaron que los establecimientos de salud no tienen capacidades para las personas con movilidad física reducida, detalla De Gouveia. Una madre, por ejemplo, tuvo que subir cargado a su hijo con paraplejia para que lo consultaran en el Hospital de Niños JM de los Ríos.
2)Justicia. En 66% de los casos hay retardo procesal. En 33% se observa la ausencia de Intérpretes de Lengua de Señas Venezolana en los procesos judiciales. «Estas últimas situaciones implicaron violaciones graves al debido proceso, a la celeridad judicial y a la legítima defensa, en tanto no se dictan medidas condenatorias o sentencias en el momento debido, obligando a personas con discapacidad a permanecer en prisión por mucho más tiempo del que contempla la ley; o bien las personas con discapacidad auditiva no pueden acceder a un proceso legítimo e inclusivo de la defensa personal debido a no poder contar con la posibilidad de comprender las audiencias judiciales si no hay intérprete de Lengua de señas venezolana».
Además, como lo especificó De Gouveia, «62% de las personas con discapacidad no conocen sus propios derechos», por lo que no saben que se los están vulnerando. «72,5% tampoco saben a dónde acudir en caso de violaciones sistemáticas de sus derechos».
3)Alimentación. «Un 40,9% de las personas con discapacidad encuestadas en este estudio informaron que poseían requerimientos alimenticios especiales o dietas debido a su condición de discapacidad; sin embargo, el 100% no cumplía tales requerimientos, y de este grupo, un 55,1% no lo hacía por razones económicas». Algunas personas entrevistadas refirieron que «todo estaba tan caro que ni siquiera alcanzaba para comer completo», contó De Gouveia. Más de la mitad de las personas encuestadas aseguraron que el acceso a los alimentos disminuyó durante la pandemia, agregó. Hay casos de desnutrición.
4)Educación. «40,9% de la población con discapacidad encuestada para este estudio no sabía leer, y sólo el 13,6% sabía leer muy bien; 39,7% no sabía escribir, y sólo el 15,9% sabía escribir muy bien», recoge el informe. «Con todo ello, 21,6% no poseía ningún nivel educativo. Igualmente, un 20% de las personas con discapacidad no tenían trabajo y, de este grupo, un 38,9% sentía que no era aceptado/a laboralmente por su condición de discapacidad».
De Gouveia indica que 24% de la población con discapacidad no estaba incluida en el sistema escolar, 47% jamás ha estudiado y 37% «tenía más de un año sin estudiar debido a la economía, el transporte, el desempleo de sus padres».
5)Servicios públicos. «33% de las personas con discapacidad entrevistadas indicaron que los servicios de agua potable y energía eléctrica han empeorado en los últimos tiempos» lo que los ha hecho sufrir situaciones complicadas. «Mientras que el 25,8% reportó un empeoramiento reciente del servicio de gas doméstico», lo que ha impactado en el servicio de alimentación.
Aunque «estas condiciones afectan a la población general, impactan de forma desproporcionada a las personas con discapacidad, quienes se enfrentan a las barreras ambientales para acceder a estos servicios en el marco de la precariedad. Entre estos factores debe incluirse las dificultades de movilidad para desplazarse hacia las labores de recolección de agua potable y adquisición de las escasas bombonas de gas, además del peso que recae sobre las personas o familiares cuidadores o cuidadoras de las personas con discapacidad», expone el informe.
La denuncia. «36% de las comunicaciones del Estado sobre la pandemia no contó con intérprete de lengua de señas. 72% de las personas entrevistadas no tuvieron acceso a la información. 76,7% indicó que el Estado no había ofrecido información accesible para las personas con algún tipo de discapacidad en el contexto de la pandemia», resumió De Gouveia. Por otra parte se constató que los medios de comunicación no informan sobre la pandemia de manera accesible.
Sin embargo, el trabajo de las organizaciones ha permitido que personas como Yadira Sánchez, con la condición de sordoceguera, se hayan preparado para defender sus derechos.
