Desde que se impuso el confinamiento obligatorio en el país, se han registrado diversos hechos que engrosan el expediente de tratos crueles, inhumanos y degradantes contra funcionarios, aseguró la directora ejecutiva de la ONG Justicia Venezolana, Lilia Camejo Gutiérrez
La persecución contra militares activos y funcionarios castrenses retirados, así como la tortura contra presos políticos no se detiene, ni durante la cuarentena en Venezuela, denunció este domingo 26 de abril la abogada y directora ejecutiva de la Organización No Gubernamental (ONG) Justicia Venezolana, Lilia Camejo Gutiérrez.
Desde que se impuso el confinamiento obligatorio en el país, se han registrado diversos hechos que engrosan el expediente de tratos crueles, inhumanos y degradantes contra funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), injustamente detenidos, señaló la experta en justicia penal militar.
Entre esos casos, se encuentra el traslado de un grupo de presos políticos militares, por parte de efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), el pasado 20 de abril, de la cárcel Cenapromil, en Ramo Verde, con rumbo desconocido hasta la fecha. Según Camejo, figuran entre estos el mayor (GN) Abraham Suárez Ramos, el capitán (GN) Jesús María Alarcón Camacho y los coroneles (GN) Pedro Javier Zambrano Hernández y José Rommel Acevedo Montañez.
También citó la captura de un grupo de capitanes de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), presuntamente vinculados al plan de asalto del destacamento 441 ubicado en Puerta Morocha, kilómetro 33 de la carretera Panamericana, en el municipio Guaicaipuro del estado Miranda. Sobre éstos agregó, que se desconoce la situación en que se encuentran.
Con la captura antes mencionada, la lista de militares presos asciende a 219, según datos que maneja Justicia Venezolana hasta el día que inició el confinamiento.
Camejo, cuestionó que se sigan violando los derechos humanos de estos militares, en lugar de atender el llamado de la alta comisionada de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien ha instado a los gobiernos del mundo a permitir que los presos sean trasladados a sus hogares ante los riesgos que supone la propagación del COVID-19 en los centros de reclusión.