a Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (APUCV) fijó postura pública sobre la asignación del Bono de Responsabilidad Profesional (BRP) a los profesores contratados y convencionales. El gremio universitario calificó la medida como un logro parcial de las movilizaciones de los últimos meses, pero advirtió sobre persistentes irregularidades en la gestión laboral del Estado.
Desde la organización gremial sostienen que el memorándum 2792, el instructivo ONAPRE, la desalarización y el Sistema Patria representan evidencias de una política que afecta las condiciones de trabajo. Igualmente, la APUCV denunció la exclusión sistemática del personal en condición de retiro y de otros sectores de la comunidad universitaria, al señalar que «el Gobierno responde parcialmente a nuestra demanda de no discriminación. Una vez más excluyó a los profesores jubilados, empleados administrativos y obreros. Por eso reiteramos todos, absolutamente todos deben ser incluidos».
El proceso de liquidación de las bonificaciones a través de la plataforma estatal también generó críticas por fallas operativas e inconsistencias en los montos otorgados. Según expuso la representación docente, existieron docentes que no percibieron el pago o lo recibieron sin ajustarse a su dedicación laboral.
Para la asociación, esta metodología confirma que «el Sistema Patria no solo es un instrumento que violenta abiertamente la autonomía financiera de las universidades sino que es un mecanismo ineficiente», además de remarcar que la ausencia de instructivos oficiales evidencia que «la política laboral del Gobierno Encargado es la arbitrariedad, la opacidad y la unilateralidad».
En materia institucional y legislativa, el gremio indicó que la recuperación formal del país exige poderes públicos legítimos, la derogación de instrumentos inconstitucionales y la regularización de los nexos de trabajo. El ente gremial puntualizó que el esquema de bonificación «desregula en forma absoluta las relaciones laborales» y que la solución real requiere devolver el carácter salarial a las remuneraciones, en lugar de recurrir a medidas temporales.
Convocatoria a asambleas y movilización nacional
La dirigencia docente cuestionó la disparidad existente entre el anuncio continuo de asignación de recursos públicos y los tabuladores que rigen al sector educativo. Sobre este punto, la APUCV aseveró que «el Gobierno no puede pretender que mantengamos un tabulador salarial en el que ningún escalafón docente supera 1 USD de salario base», motivo por el cual exhortaron a restituir un sueldo que reconozca el mérito, la jerarquía y el tiempo de servicio de los académicos.
Ante este escenario, la junta directiva del gremio instó a la comunidad universitaria a reactivar la agenda de protestas mediante asambleas, debates, foros y acciones de calle orientadas a exigir remuneraciones acordes al costo de vida, presupuesto institucional y restitución de garantías. El pronunciamiento concluye con el llamado formal a la acción ciudadana: «¡TODOS A LA GRAN PROTESTA NACIONAL EL 24 DE SEPTIEMBRE!».
