El abogado y defensor de derechos humanos Eduardo Torres, representante legal del periodista Carlos Julio Rojas, denunció públicamente a un alto funcionario del Gobierno venezolano, quien conduce un programa de televisión, por presuntamente instar a agredir a su defendido y a los periodistas que respaldan a los vecinos afectados en las llamadas misiones de vivienda.
«Es grave lo que hoy estamos denunciando», afirmó Torres, quien explicó que la denuncia surge luego de que vecinos de Misión Vivienda invitaran a periodistas, entre ellos Carlos Julio Rojas, a constatar la situación de las edificaciones tras los recientes sismos. Según indicó, Rojas «está al frente en Caracas del apoyo a los vecinos, vivan donde vivan».
Torres señaló que se denunció «una respuesta tardía» por parte de las autoridades y que, en particular, las estructuras correspondientes a Misión Vivienda «por dentro se derrumbaron». «Eso lo sostiene hoy mi defendido, eso lo sostiene el pueblo de Caracas y de Venezuela, eso es público, notorio y comunicacional», expresó.
El abogado calificó como «muy grave» las amenazas atribuidas a un alto funcionario que, según dijo, «todavía está en el Estado venezolano» y que conduce «un programa muy famoso criminalizante». Torres relacionó a este funcionario con la denominada «Operación Tum Tum«, señalando que, a raíz de ella, a Carlos Julio Rojas «lo metió preso más de cuatro veces». Añadió que, durante las últimas dos décadas, «siguen habiendo más de 500 presos políticos» en el país y que los abogados de esos presos, «incluyendo el abogado de Carlos Julio», también fueron detenidos en el pasado.
Acudirán a instancias nacionales e internacionales
«Este señor sigue teniendo ese programa», subrayó Torres, quien anunció que la denuncia será formalizada por escrito ante instancias del Estado venezolano, entre ellas la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, así como ante organismos internacionales.
En ese sentido, mencionó a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Misión de Determinación de los Hechos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional. También indicó que se dirigirán a «la comunidad internacional, a Europa y Estados Unidos», señalando que el funcionario en cuestión «está siendo investigada por crimen de lesa humanidad» y por otras investigaciones abiertas en algunos países, aunque precisó que ese no es el objeto de la denuncia presentada en esta oportunidad.
Torres detalló que el delito que se denuncia corresponde a «apología del delito, instigación a delinquir», previsto en el artículo 285 del Código Penal. Según su relato, el funcionario, quien está al frente de un ministerio, «instó a las personas que vivan en las misiones viviendas a que agredan a Carlos Julio, extensivo a los periodistas que apoyen a esa familia».
El abogado sostuvo que los vecinos de Misión Vivienda y de otras edificaciones se encuentran, por el contrario, agradecidos con Rojas y con el conjunto de periodistas venezolanos que, en sus palabras, «han sido los que han abierto la ventana para que se sepan las cosas». No obstante, remarcó: «Una cosa es que nosotros le agradezcamos a nuestro pueblo y a nuestros vecinos (…) y otra cosa es que sigan pasando delitos en Venezuela. No estamos dispuestos».
Torres exigió que se investiguen los hechos previos atribuidos a este funcionario y solicitó el cierre de su espacio televisivo por considerarlo un espacio de «apología del delito», además de pedir que se investiguen los nuevos hechos denunciados. «En las próximas horas nos vamos a estar dirigiendo a las instancias nacionales e internacionales para formalizar esta denuncia, que se suma a todo un expediente y todo este prontuario que tiene ese funcionario que todavía sigue en el Estado venezolano», concluyó.
