Trabajadores fueron forzados a renunciar bajo violencia moral y económica, lo que marca un precedente inédito en los 47 años de existencia de la institución intergubernamental
Un grupo de exfuncionarios de carrera en el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA), alertó a sus Estados miembros sobre el accionar del Secretario Permanente, Walter Clarems Endara Vera (de nacionalidad boliviana) -en funciones desde casi un año-, por forzar semanas atrás su renuncia no voluntaria y contraria a derecho, conforme lo establece la legislación venezolana en sus normas de orden público por las cuales se debe regir el organismo con sede en Caracas.
“Forzar a los trabajadores a renunciar cuando está vigente en Venezuela un Decreto que establece la inamovilidad laboral hasta el 31 de diciembre de 2022, es contrario a derecho. Pero, además se quebrantó la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT), en su artículo 80 sobre el despido sin alguna razón que lo justifique y en su artículo 92 que establece un pago doble al personal a retirar. Lo que se hizo a los afectados constituye un acto de despido ilegal e injustificado”, afirmó el abogado laboralista y consultor externo de OIT, Gerardo Alí Poveda.
“El Secretario Endara Vera diseñó una estrategia en que, sin previo aviso, bajo violencia moral y económica compelió a renunciar a un grupo de trabajadores, en una situación que no respeta la letra ni el espíritu de la legislación laboral venezolana; así como a los convenios fundamentales y prioritarios ratificados por el país sede del SELA, ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), concretamente al número 158 y la Recomendación (núm. 166); al Convenio 122 sobre la política del empleo, específicamente en el Capítulo II, relativo a los Principios, artículos 3 y 45”, explicó.
“El diseño, el método y los fines perseguidos por el Secretario Permanente contraviene los criterios del clima laboral que señala el Convenio 142 de la OIT sobre el desarrollo de los recursos humanos, y se amoldan más bien a un modelo hasta ahora desconocido en el SELA”, señaló el jurista.
“En un momento en el que la credibilidad y el apoyo ciudadano a las organizaciones internacionales se resiente, estas tienen el enorme desafío de mostrar su importancia en la vida de los ciudadanos y los logros que sus acciones representan para las naciones. Nada justifica que el representante de un mecanismo de integración conformado por 24 países de América Latina y el Caribe (ALC) ejerza de manera abusiva, desmedida y arbitraria el poder que transitoriamente le confiaron los Estados asociados”, vapuleó el consultor de OIT.
Desde que asumió Endara en agosto de 2021 se han retirado del mecanismo Brasil y Guatemala, lo que avizora la posible desincorporación de otros países miembros. A la par de los despidos injustificados y el malestar reinante en la institución, ha rescindido también de los servicios del personal de alto nivel, entre ellos, las direcciones y asesoría legal con amplia trayectoria en el ámbito nacional e internacional. La sustitución de los cargos se ha hecho con dudosa metodología y en su mayoría con afectos a una tendencia política determinada.
Amedrentamiento, maltrato psicológico y una conducta impropia
Por su parte, Antonio Peña, exoficial de traducción durante 21 años, afirmó que, en un acto discriminatorio y violatorio de los derechos humanos y laborales, “el Secretario Permanente boliviano Walter Clarems Endara Vera me obligó a renunciar tras reintegrarme de un reposo médico por fractura y, a pesar de sufrir las secuelas del cáncer para no pagar una liquidación conforme lo establece la ley, los afectados quedamos sin capacidad de costear los gastos básicos, en especial los tratamientos médicos, pues entre quienes fuimos despedidos algunos atravesamos una delicada situación de salud, y en un país con pensiones que equivalen a 94 centavos de dólar”.
“Resulta insensato siquiera pensar que quienes fuimos forzados a renunciar, lo hicimos voluntariamente y en conciencia. Al contrario, se nos amenazó que, si nos negábamos a firmar las cartas de renuncias, igualmente quedábamos desempleados y no se nos pagaría el adelanto de la prestación. De ninguna manera, se nos permitió la consulta a nuestros abogados”, refirió.
“Le pedimos a los Estados miembros del SELA que evalúen qué tipo de liderazgo goza de mayor legitimidad para pilotar las transformaciones y cuál es la mejor fórmula para gestionar el proceso de cambio con el menor costo social posible. Pues nunca antes se politizó el mecanismo, ni se incurrió en prácticas contrarias a la ley y mucho menos apeló a la intimidación contra el personal”, expresó Peña.
Juan José Cárdenas, exoficial de seguridad y mantenimiento de ese organismo por 39 años, reveló que, en una encerrona, “bajo amedrentamiento, maltrato psicológico y una conducta impropia de su investidura el Secretario del SELA, compelió las renuncias no voluntarias. De esa manera, Endara Vera no sólo no pagó las compensaciones indemnizatorias, sino que consciente de aquello, nos empujó a una condición de precariedad económica grave e indigna. Haciendo caso omiso a las recomendaciones legales del asesor jurídico del mecanismo”.
“Esta acción sienta un precedente inédito en los 47 años de existencia de la institución intergubernamental, transgrede los estándares de trato laboral, evidencia el poco conocimiento de las relaciones internacionales y constituye un oscuro episodio de su historia”, dijo.
El grupo de afectados ha enviado una comunicación solicitando al Secretario Endara Vera proceder conforme a lo dispuesto en la legislación venezolana y honrar el compromiso de pagar cuanto se les adeuda como consecuencia del despido injustificado del que han sido objeto, violatorio del decreto de inamovilidad laboral. A la fecha no han recibido respuesta.
La denuncia también se elevó a la OIT y las Naciones Unidas en Venezuela.