Los editores pidieron quitar la clausura de las sedes del periódico, acceso inmediato de la empresa a sus archivos para recabar los soportes tributarios que el Seniat le exige, así como el levantamiento de las medidas cautelares que pesan sobre el Grupo Editorial Matul 1999 C.A. y sobre sus accionistas a título personal / Texto: Redacción Contrapunto con información de nota de prensa
Los directivos del Grupo Editorial Matul, la casa editora de los diarios La Voz y La Región, acudieron ante la representación de la Asamblea Nacional de 2015 para entregar un informe sobre su caso y exigir la inclusión formal en las negociaciones de garantías políticas y civiles que se discuten en la mesa de diálogo.
Igualmente solicitaron el levantamiento de la clausura de las sedes del periódico, acceso inmediato de la empresa a sus archivos para recabar los soportes tributarios que el Seniat le exige, así como el levantamiento de las medidas cautelares que pesan sobre el
Grupo Editorial Matul 1999 C.A. y sobre sus accionistas a título personal.
Operativo relámpago
El informe detalla las acciones jurídicas y administrativas contra el grupo desde el mes de octubre de 2024, cuando funcionarios del Seniat ejecutaron un operativo relámpago que culminó con el sello y clausura de todas sus sedes operativas. Los directivos alegan que la autoridad fiscal solicitó documentación, pero al clausurar e inmovilizar las sedes con los archivos contables adentro, privó al periódico de la capacidad material para demostrar su solvencia tributaria.
Además, acordó un paquete de medidas cautelares contra la persona jurídica Grupo Editorial Matul 1999 C.A. y contra sus accionistas a título personal, tales como: prohibición de enajenar y gravar bienes muebles e inmuebles, embargo preventivo de bienes, bloqueo e inmovilización total de cuentas bancarias y tarjetas de crédito/débito, prohibición de salida del país y prohibición de zarpe.
Medidas siguen vigentes
El fundador y editor, José Materán, acompañado por los directivos Emilio Materán y Tonny Materán, entregó el expediente al diputado Ramón López y al legislador Ismael León. Los editores explicaron que el embargo operativo se mantiene intacto, las cuentas bancarias continúan bloqueadas y la directiva no ha podido ingresar a sus instalaciones para recabar la prueba documental de su cumplimiento fiscal.
Según el balance presentado por la directiva, la medida dejó en la calle a más de 50 trabajadores directos que perdieron de forma intempestiva su empleo y beneficios laborales, además de impactar negativamente a más de 300 familias de pregoneros y
quiosqueros que dependían de la distribución del impreso. Se reportó, además, la muerte -debido a un infarto- del prensista Fernando López, de 70 años de edad, asociada con estas circunstancias.
