El estatus de protección temporaria es un beneficio que el Gobierno de Estados Unidos asigna a países donde hay conflictos armados o desastres naturales, y ampara a los ciudadanos de esos países dándoles permisos temporarios para vivir y trabajar en EEUU
El Gobierno del presidente estadounidense Joe Biden extendió oficialmente este martes el Estatus de Protección Temporal (TPS) para Haití, y amplió el periodo de inscripción para los venezolanos, con lo que suman más de 400.000 indocumentados elegibles para este amparo bajo su Administración.
El período para registrarse y obtener TPS para los haitianos comienza este martes y seguirá en efecto hasta el 3 de febrero de 2023, anunció el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS).
El anuncio de la agencia abre la posibilidad de que otros 100.000 haitianos obtengan la protección temporal. Según datos de USCIS 40.865 haitianos estaban protegidos por el amparo desde 2010.
Este martes también se anunció la extensión de 6 meses a 18 meses el plazo para que los venezolanos, sirios y birmanos soliciten el TPS.
USCIS indicó que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), del cual depende, «ha determinado que limitar el período de registro a 180 días puede imponer una carga a los solicitantes iniciales que no fueron capaces de iniciar sus trámites a tiempo».
El período para la presentación inicial de solicitudes de TPS para los venezolanos se extiende, ahora, hasta el 9 de septiembre de 2022.
Los anuncios representan un alivio para miles de indocumentados, actualmente hay unas 746.000 personas de una docena de países designados para TPS.
Al comienzo del Gobierno de Biden en enero pasado había unos 319.000 beneficiarios de TPS y otros 427.000 pasaron a ser elegibles para el programa desde entonces.
El Salvador encabeza la lista con 198.420 personas amparadas por TPS, seguido por Honduras con 60.350, Haití con 40.865 y Nepal con 10.160.
El Gobierno de Biden incluyó a Venezuela entre los países designados para el programa, y se calcula que eso extendió el beneficio a unas 323.000 personas en total.
Dado que el Congreso no ha intervenido para otorgar una residencia legal permanente a los beneficiarios de TPS, el Poder Ejecutivo «está, claramente, haciendo uso de sus atribuciones limitadas para legalizar a segmentos de la población inmigrante no autorizada», señaló Jessica Bolter, del Instituto de Política Migratoria (MPI, en inglés).
Los grupos que abogan por los inmigrantes hacen presión para que el Congreso apruebe la legalización y una senda a la ciudadanía para millones de inmigrantes indocumentados, los beneficiarios de la deportación diferida (DACA), los «tepesianos» como se le conoce a los amparados por el TPS, los trabajadores que, durante la pandemia, han sido designados como esenciales, entre los que se cuentan los campesinos.