Medina Roa calificó de burla la pre-calificación por delito de homicidio preterintencional a dos GNB. Aseguró que es con el objetivo de «evadir cualquier responsabilidad del Estado» sobre tortura
Han pasado tres días desde la muerte del capitán de Corbeta Rafael Acosta Arévalo y hasta la tarde de este martes 2 de julio no se le ha hecho entrega del cuerpo del capitán a sus familiares. El abogado Alonso Medina Roa denunció que en varias oportunidades los funcionarios del Ministerio Público han citado a la familia con fines de cumplir los trámites de entrega y no los han atendido.
Para Medina esto refleja que «no hay voluntad sincera para generar justicia en el caso del capitán», ni «honestidad y respeto hacia la familia».
El abogado calificó como una ofensa al derecho y a la inteligencia colectiva el hecho de que el Tribunal 36° en Funciones de Control del Área Metropolitana de Caracas haya pre-calificado por el delito de homicidio preterintencional con causal a dos funcionarios de la Guardia Nacional por su presunta vinculación con la muerte del capitán.
Medina explicó que este recurso podría haber sido utilizado para «evadir cualquier responsabilidad que pueda tener el Estado por el tema de las torturas» ya que con el delito de homicidio preterintencional solo se «podría generar responsabilidad penal individual».
El integrante de la Coalición para los Derechos Humanos y la Democracia reafirmó que «hay suficientes testimonios de cómo se encontraba el militar al momento de ser presentado ante el tribunal.
«Hay que partir de cómo fue detenido. Existe un acta policial la cual refiere que el capitán, al momento de ser interceptado por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), sale corriendo. Además, el juez militar es el que ve las condiciones en las que se encuentra el capitán y ordena que sea traslado de forma inmediata al hospital militar Vicente Salías. Es el personal del Tribunal quienes lo reciben y lo ve, aparte de la defensa».
Medina Roa reveló que días antes de que el Capitan de Corbeta fuera detenido, casualmente se había realizado un chequeo medico que demuestra que estaba en buenas condiciones de salud.
«Arrojó que estaba sin ninguna tipo de novedad. No tenía ninguna dolencia, no consumía ningún medicamento. Hay una autopsia realizada por los médicos adscritos a la dirección medico-científica del Ministerio Público. El fiscal general (Tareck William Saab) debió haber visto las fotografías, las lesiones que tenia en las piernas y en la espalda y los rasgos de tortura. Él sabe que hay documentación y registro fotográfico de las condiciones en las que estaba el cuerpo del capitán».
El abogado precisó que los funcionarios del MP que realizaron la autopsia, estuvieron en compañía de representantes de la Sede Nacional de Medicatura y Ciencia Forense, que aunque no participaron en el proceso, pudieron observar el cuerpo de Acosta Arévalo, por lo que a su juicio, pretender ocultar esta situación, «debe ser un hecho que se repudie», independientemente de la condición política, sea de derecha o izquierda, ya que esto «atenta contra la ética social que genera grandes heridas sociales».
El capitán de corbeta Acosta Arévalo fue detenido el pasado 21 de junio, fecha, en la que, además, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, culminó su visita a Venezuela. Medina denunció que no fue sino hasta ocho días después que el capitán fue presentando ante un tribunal, a pesar de que la normativa procesal penal establece que la presentación no debe pasar de 48 horas.
«Durante esa semana estuvimos haciendo recorridos para saber dónde lo iban a presentar. El viernes en horas de la tarde, uno de los abogados se presentó en los tribunales e informó que allí estaba el capitán. Él es quien se entrevista con el capitán y ve las condiciones en las que se encuentra».
El abogado denunció que los casos de tortura que ha presentado la coalición no han sido investigados y que «ni siquiera» se ha cumplido con el trámite previsto en el artículo 15 de la Ley Contra la Tortura, «el cual le impone la obligación a todo funcionario público que tenga conocimiento sobre la tortura de notificar a la Defensoría del Pueblo para que se inicie un procedimiento».
Adelantó que en los próximos días la defensa de Acosta Arévalo asumirá el rol de querellante en el proceso judicial, además de continuar ejerciendo acciones de tipo internacional sin carácter político. «Lo que nosotros queremos es que se haga justicia. El tema de la tortura está generando heridas en la sociedad venezolana», añadió.
Medina detalló que la Coalición participó en la reunión con Michelle Bachelet y que su intervención se centró en informarle sobre el tema de la tortura y la persecución política en Venezuela y de los daños sociales que causan.