El secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, exhortó el jueves al gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a garantizar y respetar los derechos políticos y electorales de sus ciudadanos.
«El secretario general sigue de cerca los acontecimientos en Venezuela y llama a las autoridades a garantizar la plena adhesión y reitera su llamado a la implementación de buena fe del Acuerdo Parcial sobre la Promoción de los Derechos Políticos y Electorales para Todos, firmado en Barbados hace apenas unos días», declaró el portavoz de Guterres, Stephane Dujarri.
El llamado de Guterres, que usualmente se muestra cauteloso en sus pronunciamientos, se produce luego de que la candidata María Corina Machado ganó el domingo con el 92,35 % de los votos (2.253.825), la primaria presidencial opositora que la convierte en la abanderada de la oposición para las elecciones presidenciales de 2024.
Pero, el gobierno de Maduro ha denunciado un «fraude» y ha desestimado el proceso. Según el último boletín de la Comisión Nacional de Primaria (CNdP), ente rector de la elección, el domingo hubo una participación de al menos 2.440.415 personas, pero el gobierno asegura que no pudieron participar más de 700.000.
La fiscalía venezolana abrió una investigación contra los organizadores de la primaria autogestionada por los presuntos delitos de «usurpación de funciones electorales», «usurpación de identidad», «legitimación de capitales y asociación para delinquir».
Jorge Rodríguez, jefe de la delegación oficialista en las negociaciones, anunció el martes que solicitaría una reunión de la comisión de verificación de los acuerdos firmados hace una semana en Barbados, tras asegurar que la oposición presuntamente «infló» los resultados de la primaria lo que, según dijo, viola uno de los puntos del acuerdo.
Para la oposición, que busca lograr el levantamiento de inhabilitaciones políticas mediante un proceso de negociación, es el gobierno ha violado el acuerdo que establece el compromiso a reconocer y respetar el derecho de cada actor político de seleccionar su candidato para las presidenciales «de manera libre y conforme a sus mecanismos internos».
Tras la firma del acuerdo en Barbados, el gobierno estadounidense anunció la flexibilización temporal de algunas sanciones en la industria petrolera, pero advirtió que las medidas serían revertidas si, antes de finalizar noviembre, no se evidencian pasos concretos orientados al levantamiento de inhabilitaciones y la liberación de presos políticos.
Según la Contraloría General de la República (CGR), sobre Machado pesa una inhabilitación administrativa para ejercer cargos públicos por 15 años que es considerada «inconstitucional» e «ilegal». La medida le complica la posibilidad de formalizar su candidatura ante el Poder Electoral, pero ella la lo ha desestimado e insiste en que derrotará al candidato de gobierno en los próximos comicios.
Distintas instancias internacionales se han pronunciado en varias oportunidades sobre las inhabilitaciones en Venezuela.
El Alto Comisionado de la Oficina para DDHH de la Organización de Naciones Unidas (ACNUDH), Volker Türk, en julio llamó al gobierno a garantizar el debido proceso de procedimientos con respecto a las inhabilitaciones de candidatos a cargos públicos y a levantar “todas las restricciones indebidas” al derecho a participar en asuntos públicos ante los venideros procesos electorales en el país.
