La Coalición Sindical Nacional y diversos defensores de derechos humanos acudieron a la sede del Ministerio Público para interponer una denuncia formal ante el fiscal Larry Devoe y la Dirección de Derechos Humanos. La medida busca dar con el paradero de Orlando Ramírez, dirigente del sector transporte, quien fue visto por última vez tras haber participado en una movilización ciudadana.
Según detalló el abogado y defensor de derechos humanos Eduardo Torres, la última comunicación directa del sindicalista se registró la semana pasada mediante un texto donde alertaba sobre su detención y el desconocimiento de su ubicación. En el mensaje difundido por su representación legal, Ramírez exponía la situación irregular en la que se encontraba.
«Buenas noches, disculpe la hora, tuve que pagar para que me facilitaran mi celular, estoy detenido, sin comentarios, porque no puedo pasar mensaje, porque no quieren que sepan dónde estoy y yo tampoco sé dónde estoy», leyó Torres durante la convocatoria pública ante los medios de comunicación.
De acuerdo con la información preliminar obtenida por los activistas, el dirigente gremial de más de 70 años estaría bajo custodia en las dependencias de la Guardia Nacional en Las Acacias. La defensa califica este procedimiento de arbitrario, señalando que la aprehensión ocurrió de forma irregular tras una manifestación por reivindicaciones salariales celebrada el pasado 8 de septiembre.
La exigencia de respuestas institucionales
Ante la falta de pronunciamiento oficial sobre el caso, la representación legal de Ramírez acudió a las instancias correspondientes para solicitar formalmente una mesa de trabajo con las autoridades de la Fiscalía General de la República.
«Fuimos a llevar el documento y dijeron que lo dejemos allí. No, estamos pidiendo una reunión con Larry Devoe, con la Dirección de Derechos Humanos. Es necesario que se le dé celeridad y atención a los sectores que exigen que estas violaciones de derechos humanos cesen en el país», enfatizó Eduardo Torres frente a la sede institucional.
El jurista instó al Ministerio Público a no ignorar las peticiones de los sectores trabajadores ni los reclamos de los familiares de los apresados en el contexto de la protesta social. Asimismo, solicitó la apertura inmediata de una averiguación contra los funcionarios responsables del procedimiento para garantizar la integridad física y la liberación del dirigente sindical.
