El organismo pidió una réplica sobre el caso al Gobierno de Nicaragua, sin recibir respuesta, no obstante, le dio seis meses más para presentar su punto de vista

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas (WGAD, por sus siglas en inglés), determinó que al menos 16 opositores y dos periodistas sufrieron prisión injustificada en Nicaragua, entre 2018 y 2019, informó este lunes el no gubernamental Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).

Al detener a los opositores y periodistas de forma arbitraria, el Gobierno de Nicaragua violó al menos cuatro artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros cuatro artículos de las tres categorías del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, según la resolución del WGAD.

Los 16 disidentes fueron capturados el 14 de noviembre de 2019, en la ciudad de Masaya, al sureste de Managua, mientras intentaban dar agua a un grupo de 10 mujeres que permanecían aisladas por la Policía en una parroquia, tras anunciar una huelga de hambre por el arresto injustificado de sus hijos, considerados “presos políticos” por los opositores del presidente Daniel Ortega.

El grupo, apodado “Los aguadores”, 13 de los cuales ya habían sufrido cárcel por participar en manifestaciones antigubernamentales, permaneció detenido hasta el 30 de diciembre, tiempo en el que los integrantes sufrieron golpes y malos tratos por parte de las autoridades, y en el que no tuvieron acceso a un defensor de confianza, de acuerdo con el informe del WGAD.

Una situación similar vivieron los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda, dueño y jefa de información del canal 100 % Noticias, respectivamente, entre diciembre de 2018 y junio de 2019. La televisora fue confiscada y todavía se mantiene en poder del Gobierno.

Una constante entre los prisioneros es que eran recluidos en condiciones insalubres, a veces sin acceso a la luz, y expuestos a maltratos físicos o tratos degradantes, según el reporte del WGAD.

Asimismo, solicitó a las autoridades nicaragüenses que “adopte las medidas necesaria para remediar la situación” de los afectados “sin dilación”, incluyendo “el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación”, así como la realización de “una investigación exhaustiva e independiente” de las circunstancias que llevaron a las detenciones.

La estudiante de doble nacionalidad belga-nicaragüense Amaya Coppens rechazó una posible indemnización inmediata y abogó por la libertad de todos los “presos políticos”, incluyendo un integrante de “Los Aguadores”, quien se encuentra nuevamente detenido.

“Antes que hablar de indemnizaciones, las prioridades inmediatas son otras. Wilfredo Brenes sigue, igual que 91 personas más, dentro de las cárceles, en condiciones infrahumanas, y los asesinatos, secuestros, y amenazas, siguen siendo parte del día a día”, dijo Coppens, en sus redes sociales.

Nicaragua atraviesa una crisis sociopolítica que, desde el levantamiento popular contra Ortega en 2018, ha dejado cientos de presos, muertos o desaparecidos, la mayoría en ataques armados contra las manifestaciones antigubernamentales de hace dos años.

Actualmente en la Organización de los Estados Americanos (OEA), se mantiene abierto un proceso de aplicación de la Carta Democrática Interamericana contra Nicaragua, por “rompimiento del orden constitucional”, que de aplicarse, suspendería al país del organismo.