Un juez mexicano rechazó un acuerdo propuesto por el comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM) Francisco Garduño para concluir de forma anticipada el proceso judicial que se sigue en su contra,
Esto, por su presunta responsabilidad en el incendio de una estación migratoria en la fronteriza Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, norte de México, que dejó un saldo de 40 migrantes muertos, entre ellos varios venezolanos.
El titular del INM presentó una solución alternativa que promovía reparar el centro migratorio que se incendió el pasado 27 de marzo y que ocasionó la muerte por asfixia a migrantes de Guatemala, Venezuela, Colombia, Honduras y El Salvador.
Sin embargo, dicho plan no tenía estimada una reparación para las familias de las víctimas que perdieron la vida, así como para las casi tres decenas que resultaron heridos.
De acuerdo con el Instituto para las Mujeres en Migración (Imumi), organización en pro de los derechos humanos de migrantes mujeres, señaló que la justificación de Garduño fue que no era responsable de esa reparación, al no estar vinculado a proceso por los delitos de homicidio y lesiones.
El comisionado del INM es procesado solo por el presunto delito del ejercicio indebido del servicio público.
En declaraciones a medios, tras su más reciente audiencia en la fronteriza Ciudad Juárez, en el norte de México, Garduño reconoció que tendrá que presentar un nuevo programa integral de reparación del daño para las víctimas para su evaluación ante las autoridades judiciales.
A mediados de agosto pasado, el INM del Gobierno mexicano informó que las familias de las víctimas de este incendio recibirían una indemnización total de 140 millones de pesos (casi 8,2 millones de dólares).
Esta cantidad es equivalente a 3,5 millones de pesos para cada una de las 40 familias víctimas de este incidente en el norte del país después de poco más de cinco meses (unos 203.725 dólares).
EFE
