«Aruba, país hermano, respeta los derechos de los venezolanos«; con esta consigna, un grupo de sindicalistas venezolanos entregaron un documento ante la Embajada de los Países Bajos en Venezuela en la que se exige que se instale una mesa de diálogo para que los connacionales no sean expulsados de la isla a partir del próximo 31 de enero.
Carlos Salazar, coordinador de la Coalición Nacional Sindical, indicó que su presencia ante la residencia diplomática de Países Bajos es para que esta nación sirve de «interlocutor» entre el Gobierno autónomo de Aruba y los venezolanos residentes en la isla para la regularización de su estatus migratorio.
«Le solicitamos que sirva de interlocutor para llevar a cabo un diálogo de solución ante las problemáticas que tienen los connacionales en Aruba. Estamos aquí en este momento para pedir a los Países Bajos que la autoridad arubeña respete los derechos de los venezolanos que están allá, familias enteras, niños que estudian en escuelas, que hablan los idiomas de allá, unos venezolanos que están en la isla de Aruba produciendo, integrándose a la sociedad arubense, siendo parte del proceso de producción de Aruba», mencionó.
En este sentido, Salazar rechazó que las autoridades de Aruba ignoren las condiciones que, asegura, aún se viven en Venezuela con «represión» por parte del Gobierno nacional y la crisis económica.
«No es posible que en estos momentos los devuelvan, cuando está una situación difícil, no hay salario, ellos allá ya hicieron su vida, los servicios no colapsan. Pedimos que anule ese decreto de desalojos de venezolanos de la isla e instale una mesa de diálogo de solución de conflictos», añadió al tiempo que agregó que son más de mil las familias venezolanas que se verían afectadas con esta decisión migratoria.
Cabe destacar que el gobierno del primer ministro de Aruba, Mike Eman, extendió hasta el próximo 31 de enero un período de gracia para que aquellas personas que permanecen ilegales y no participaron en el programa “Juntos por el Progreso”, iniciativa desarrollada por el gobierno de la isla para regularizar y facilitar la integración laboral de los extranjeros, puedan abandonar voluntariamente la isla sin exponerse a ningún tipo de sanción.
«Estamos aquí haciendo el trabajo para que no le sigan atropellando sus derechos humanos. Rechazamos que el Gobierno de Aruba los vaya a sacar a las fuerzas», agregó Salazar.
Por su parte, José Patines, secretario general del Sindicato de la Cancillería, calificó como «precipitada» la medida adoptada por el Parlamento de Aruba por lo que exhortó a la institución arubense «respetar el derecho internacional» que tienen todos los migrantes venezolanos.
«Nosotros sencillamente lo que hacemos es solicitarle al Parlamento de Aruba que reconsidere la medida que se está tomando, que se tomó abruptamente. Qué respete el derecho internacional, que tienen todos los ciudadanos del mundo de ser inmigrantes y de ser tratados con respeto y con dignidad», sentenció.
