El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, reelegido el domingo para su cuarto mandato no consecutivo, tendrá que lidiar a partir de 2027 con la mayor fuerza opositora en el Congreso en sus cuatro gestiones, lo que lo obligará a hacer concesiones para sacar adelante sus proyectos.
El líder progresista «va a enfrentar grandes dificultades en el Congreso y el costo de la gobernabilidad será mayor que en cualquiera de sus anteriores mandatos», dijo a EFE el politólogo Carlos Pereira, profesor de la Fundación Getúlio Vargas (FGV).
El ultraderechista Partido Liberal (PL), que postuló al senador Flávio Bolsonaro como su candidato presidencial, tendrá a partir de febrero la primera minoría tanto en el Senado (28 de los 81 escaños) como en la Cámara Baja (121 de los 513 diputados).
En su primer mandato (2003-2006) la mayor fuerza opositora de Lula en el Congreso contaba con 84 diputados, en el segundo (2007-2010) con 66 y en la actual gestión (2023-2026) con 99, precisamente del PL.
Los partidos de izquierda unidos tan solo contarán con 15 senadores y 124 diputados.
Ambas partes dependerán de la posición del llamado ‘Centrão’, un influyente bloque que reúne a los partidos de centro y centroderecha y que tiende a garantizar la gobernabilidad de cualquier gestión a cambio de cargos en el Gobierno y prebendas públicas.
Estos partidos, que juntos cuentan con 246 diputados y 30 senadores, apoyaron la candidatura de Flávio Bolsonaro en la segunda vuelta, pero ya dejaron claro que pueden negociar una aproximación a Lula.
«Estoy seguro de que nuestros parlamentarios elegidos seguirán defendiendo los buenos proyectos y que mantendrán una relación republicana con el Gobierno en defensa de objetivos comunes», afirmó este lunes Gilberto Kassab, presidente del Partido Social Democrático (PSD), una de las principales fuerzas del ‘Centrão’.
Con el apoyo de los partidos de centroderecha, el PL no solo tendría mayoría en ambas casas sino también fuerza suficiente para aprobar enmiendas a la Constitución, ya que contará con 367 diputados y 57 senadores, por encima de los 308 diputados y 49 senadores necesarios.
«Ya hay gente diciendo que tendré muchas dificultades para gobernar porque el Congreso será muy conservador… No fui yo quien escogió el Congreso; fue el pueblo; y es con ellos que voy a trabajar para intentar aprobar mis iniciativas», dijo Lula en el discurso que pronunció el domingo para festejar su victoria.
En sus anteriores mandatos Lula contó con el apoyo de gran parte del ‘Centrão’ y consiguió la aprobación de la mayoría de sus proyectos de interés.
«Aún no está claro si el Gobierno tendrá capacidad para montar una coalición mayoritaria de apoyo. Obviamente tendrá que ofrecer espacios para buscar mayorías, pero eso dependerá de cuánto poder y recursos está dispuesto a dividir», dijo Pereira, que también es investigador sénior del Centro Brasileño de Relaciones Internacionales.
La elección de los futuros presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, prevista para febrero de 2027, será una de las primeras batallas políticas del nuevo mandato.
Lula apuesta por la continuidad de Hugo Motta, del partido Republicanos, al frente de la Cámara Baja, y de Davi Alcolumbre, de Unión Brasil, en el Senado, para mantener canales de diálogo con la cúpula parlamentaria.
Ambos apoyaron la reelección de Lula pese a que sus partidos se sumaron a la coalición de Bolsonaro y serán decisivos, en caso de continuar en los cargos, para definir la agenda de votaciones del próximo Legislativo.
Motta ya cuenta con el respaldo de varios partidos de centro y de formaciones de izquierda para su reelección, mientras que la de Alcolumbre está amenazada.
El fortalecido PL ya anunció que presentará un candidato para disputar la presidencia del Senado y su posible victoria puede comprometer los proyectos de interés del Gobierno en una de las dos cámaras.
El presidente, además, tendrá que conciliar las demandas de los partidos aliados con la necesidad de mantener el equilibrio fiscal y cumplir sus compromisos sociales.
Gran parte del ‘Centrão’, que representa los intereses empresariales y del mercado, es partidaria de un duro ajuste fiscal que puede deshidratar los programas sociales del líder progresista y poner en duda sus promesas como candidato. EFE
