La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha concedido 1.030 exoneraciones de persecución penal, con lo que resolvió la situación jurídica de ese número de comparecientes involucrados en graves crímenes en el conflicto armado pero no considerados sus máximos responsables.
El presidente de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, magistrado Mauricio García, aseguró en una rueda de prensa que 979 de los beneficiados por esta medida son comparecientes de la fuerza pública (Policía y Ejército), es decir el 95 % del total.
«El proceso no sancionatorio permite resolver de forma definitiva la situación jurídica de estos comparecientes, pero no es un beneficio gratuito, pues exige el cumplimiento de las obligaciones derivadas del régimen de condicionalidad y la realización de aportes a la satisfacción de los derechos de las víctimas a la verdad, la reparación y la no repetición», agregó García.
La medida también ha beneficiado a 46 excombatientes de las FARC, dos agentes estatales que no hacían parte de la fuerza pública, dos colaboradores de la extinta guerrilla y un civil. Los beneficiarios, explicó el magistrado, estuvieron involucrados en 377 hechos que dejaron 643 víctimas directas.
El presidente de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP explicó que la renuncia a la persecución penal tiene «un impacto directo en las vidas de los comparecientes, pues les permite rehacer sus proyectos personales, familiares y laborales».
Sin embargo, García detalló que con «el acceso a estos beneficios definitivos no culmina con la imposición de la medida, pues está condicionado a continuar con el cumplimiento de las obligaciones ante la JEP y las víctimas».
«Es decir, los comparecientes deben seguir atendiendo los llamados de la Jurisdicción en caso de requerirse. Asimismo, deben solicitar permiso para salir del país», añadió.
Durante el proceso judicial contra estas más de mil personas han participado más de 950 víctimas, ante las cuales los comparecientes «hicieron manifestaciones de perdón y de reconocimiento de responsabilidad».
«También intervinieron en actos simbólicos orientados a contribuir con la reparación del daño causado a las víctimas, a sus comunidades y al territorio, dignificando la memoria y restaurando el buen nombre de las personas afectadas», precisó el magistrado.
García señaló que resolver la situación jurídica de quienes cometieron crímenes graves «es un paso clave para cerrar jurídicamente el conflicto armado y para consolidar la reintegración social».
«Quienes antes fueron figuras negativas en medio de la confrontación armada se convierten hoy en actores sociales que contribuyen a la reconciliación y a la reparación del tejido social», concluyó.
La JEP es un tribunal de justicia transicional creado por el acuerdo de paz firmado por el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC en noviembre de 2016. EFE
