«Más de 200 venezolanos deportados por EEUU a El Salvador permanecen en desaparición forzada en la megacárcel CECOT«, denunció este jueves Human Rights Watch (HRW) en un comunicado a través de su pagina web.
The governments of the United States and El Salvador have subjected more than 200 Venezuelan nationals to enforced disappearances and arbitrary detention.
— Human Rights Watch (@hrw) April 11, 2025
These enforced disappearances are a grave violation of international human rights law.https://t.co/rqhoJ7uOlK pic.twitter.com/5ihurjavnR
«Los trasladados, enviados el 15 de marzo bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, están incomunicados sin acceso a abogados o familiares, violando estándares internacionales de derechos humanos» aseveró la ONG.
Según HRW, ni EEUU ni El Salvador han publicado la lista completa de deportados, pese a que CBS News filtró parcialmente los nombres. Familiares de 40 afectados confirmaron a la organización que sus allegados carecen de antecedentes penales en EEUU, Venezuela u otros países de la región. «Estos gobiernos los han puesto fuera de la protección legal», declaró Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW, calificando los hechos como «crueldad institucional».
La administración Trump justificó las deportaciones bajo el argumento de combatir al Tren de Aragua, aunque no presentó pruebas de vínculos. Un funcionario de ICE admitió que «muchos» deportados no tenían récord delictivo en EEUU, mientras documentos oficiales compartidos por familias respaldan su inocencia. Además, el Sistema de Localización de Detenidos de ICE eliminó antes de lo habitual los registros de los afectados, imposibilitando su rastreo.
En El Salvador, las autoridades ignoraron solicitudes de información enviadas por HRW el 5 de abril. Abogados locales denuncian que no pueden contactar a los detenidos en el CECOT, centro señalado por prácticas abusivas. Algunos familiares identificaron a sus parientes en un video oficial difundido el 17 de marzo, único gesto de transparencia hasta ahora.
Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, defendió las deportaciones, 137 bajo la ley de 1798 y 101 mediante procedimientos migratorios regulares. Sin embargo, HRW subraya que la detención indefinida en El Salvador carece de base legal, constituyendo un «acto arbitrario» que viola convenios internacionales.
«Nadie debería reconstruir el paradero de sus familiares con migajas de información mediática», exigió Goebertus, instando a ambos gobiernos a revelar nombres, ubicaciones y permitir contacto inmediato. La ONG recordó que las desapariciones forzadas, tipificadas en el derecho internacional, exponen a las víctimas a mayores abusos al negarles protección jurídica.
