El gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento del Tesoro, anunció este viernes la imposición de sanciones financieras contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, su esposa Verónica Alcócer, su hijo mayor Nicolás Petro Burgos, y el ministro del Interior colombiano, Armando Benedetti, por presuntos vínculos con actividades relacionadas al narcotráfico.
La medida fue confirmada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que incluyó a los cuatro funcionarios en la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN), lo que implica el bloqueo de sus activos en territorio estadounidense y la prohibición de transacciones financieras con ciudadanos o entidades de EEUU.
Según el comunicado oficial, la administración del presidente Donald Trump acusa a Petro de haber “permitido el crecimiento del narcotráfico como principal negocio en Colombia” y de no haber tomado medidas efectivas para combatirlo. La sanción también se vincula a declaraciones previas del mandatario colombiano en manifestaciones propalestinas, donde instó a soldados estadounidenses a desobedecer órdenes, lo que llevó a la revocación de su visado diplomático.
El caso de Nicolás Petro ya había sido objeto de investigaciones judiciales en Colombia desde 2023, cuando fue acusado de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, tras revelarse presuntos ingresos no declarados provenientes de empresarios vinculados al narcotráfico. Aunque el proceso judicial sigue en curso, la inclusión en la lista SDN amplía las consecuencias internacionales del caso.
Por su parte, Armando Benedetti, exembajador en Venezuela y actual ministro del Interior, ha sido señalado en medios colombianos por presuntas irregularidades en el financiamiento de campañas políticas, aunque no se ha emitido una condena formal en su contra.
La Cancillería colombiana aún no ha emitido una respuesta oficial ante las sanciones, mientras que voceros del gobierno han calificado la medida como “una acción política sin fundamento judicial en Colombia”.
Estas sanciones se enmarcan en la política exterior de Estados Unidos para combatir el narcotráfico y la corrupción en América Latina, y se suman a otras acciones similares aplicadas en años recientes contra funcionarios de Venezuela, Honduras y El Salvador.
