Este martes, una misión internacional pretendía entrar a territorio colombiano para reportar las violaciones de derechos humanos durante las protestas en el país
Desde Argentina salió el 25 de mayo una delegación de 20 activistas de DDHH y miembros de organizaciones sociales. Uno de ellos, el líder social bonaerense, Juan Grabois, no fue admitido por las autoridades migratorias colombianas.
El también abogado afirmó en Twitter que «luego de una serie de agresiones físicas registradas por numerosos testigos y cámaras de seguridad, el Gobierno colombiano me expulsa de su territorio por considerarme un riesgo para la seguridad de Estado».
Según explicó Grabois, quien en 2019 apoyó la llegada de Alberto Fernández a la presidencia argentina, las autoridades portuarias le retuvieron la documentación y el equipaje hasta que lo embarcaron en un vuelo a Lima, Perú.
Migración Colombia, por su parte, dijo que no había autorizado la entrada a la región puesto que el dirigente social argentino se negó «a que se le realizara una verificación a sus documentos, luego de que el sistema arrojara una alerta por vencimiento de su pasaporte».
En el comunicado de la autoridad migratoria se detalla que el activista también «faltó al respeto al oficial de Migración y al supervisor a cargo», por lo que «fue inadmitido de acuerdo con lo estipulado en el Artículo 2 del Decreto 1727 del 21 de diciembre de 2020».
«El extranjero quien de forma vehemente exigía su ingreso al país, basado en quién era y quiénes lo habían invitado, fue dejado a disposición de la aerolínea, con el fin de que se cumpla la orden de inadmisión. Migración Colombia rechaza este tipo de comportamientos, así como las presiones ejercidas para autorizar su ingreso», agregó.
Una de sus compañeras de la Misión Internacional de Solidaridad y Observación de Derechos Humanos, María Elena Navarro, expresó que los hechos representaban «una clara decisión del Gobierno nacional de impedir el trabajo de veeduría internacional que viene a hacer esta delegación».
El canciller argentino, Felipe Solá, lamentó que las «autoridades migratorias de Colombia hayan impedido el ingreso del ciudadano argentino y miembro del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral de la Santa Sede».
Hasta el momento, se ha denunciado una larga serie de violaciones a derechos humanos y uso desmedido de la fuerza por parte de la policía durante las protestas iniciadas el 28 de abril. En cifras, las manifestaciones han dejado entre 42 y 43 fallecidos, y 129 desaparecidos.
Dos semanas atrás, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió permiso al Estado colombiano para visitar el país para acreditar, relevar y visibilizar las presuntas violaciones de derechos humanos durante las protestas
Este martes, la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, aseguró que será a finales de junio cuando su administración decida la fecha de la visita en una audiencia específica.
«Lo que acordamos ayer es que tan pronto pase esa audiencia, están bienvenidos a Colombia», afirmó la funcionaria, quien puntualizó que se trata de la «fecha que pidió la CIDH».
Posteriormente, la comisión presentará una propuesta de cuántas personas integrarán la delegación que viajará, cómo se hará la visita y por cuántos días.
Según Ramírez, el encuentro sostenido el lunes en Washington fue el «más constructivo y más respetuoso que ha tenido Colombia con la CIDH».
Señaló, además, que dentro de la agenda de la reunión estuvo «la situación de los derechos humanos, el uso excesivo de la fuerza en las protestas por parte de agentes del Estado y los actos de violencia registrados durante las mismas».
