El juez que investiga en España el caso Plus Ultra, que salpicó al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, pidió un «exhaustivo» informe sobre los cambios accionariales en esa aerolínea española a partir de 2017, año en el que ingresó capital venezolano.
Plus Ultra está siendo investigada en relación a un préstamo estatal para su rescate y una supuesta trama de tráfico de influencias en la que se habría intervenido Rodríguez Zapatero.
La Fiscalía requiere esa investigación con el objetivo de analizar el «eventual impacto» de esa circunstancia «en la propia consideración de la aerolínea al solicitar ayuda pública» en 2021, igual que otras empresas del sector como consecuencia de la pandemia, según el escrito de la fiscala del caso, Elena Lorente, al magistrado de la Audiencia Nacional, al que tuvo acceso EFE.
En ese escrito, la fiscal recuerda que la aerolínea se constituyó en 2011 con Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque como socios fundadores, y que posteriormente hubo «diversos cambios en las acciones, particularmente significativas a partir de 2017 en que entran en el capital social y en los órganos de gestión personas de origen venezolano», según reflejó ya en 2025 un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía Nacional.
Después de más de un año de investigación, en diciembre de 2025 Martínez Sola y Roselli fueron detenidos por la UDEF y posteriormente puestos en libertad, pero la semana pasada Martinez Sola dimitió como presidente de la aerolínea.
«El acceso del capital venezolano a la sociedad española Plus Ultra -añade- se produjo a través de diversas escrituras públicas, como se menciona en el referido informe de la UDEF, cuyo alcance y eventual impacto (…) debe ser objeto de análisis», señala el documento de la fiscala.
Rodríguez Zapatero negó al juez el pasado 17 de junio pasado haber ejercido influencia para favorecer a la aerolínea Plus Ultra en la concesión del préstamo público de 53 millones de euros para el rescate de la compañía y rechazó que se comunicara con nadie de la misma.
Está investigado por sospechas de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.
La relación del caso con Venezuela salió a la luz porque, según la querella de la Fiscalía, la aerolínea aparece como «firmante y beneficiaria» de unos presuntos contratos de préstamo con tres sociedades dedicadas a blanquear dinero procedente de malversación de fondos de funcionarios venezolanos.
