Los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) acordaron el pasado 15 de diciembre, durante una reunión en Bruselas, prorrogar las sanciones contra Venezuela hasta el 10 de enero de 2027, en respuesta a lo que el bloque calificó como persistentes acciones que socavan la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos en el país.
En un comunicado, el Consejo de la UE explicó que la decisión se adoptó “a la vista de las persistentes acciones que socavan la democracia y el Estado de derecho, las continuas violaciones de derechos humanos y la represión de la sociedad civil y la oposición democrática”, incluyendo hechos vinculados a la celebración y las consecuencias de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.
Las medidas restrictivas afectan actualmente a 69 funcionarios vinculados al gobierno de Nicolás Maduro, quienes están sujetos a congelación de activos, a la prohibición de recibir fondos o recursos económicos directa o indirectamente, así como a la restricción de entrada o tránsito por territorio de la Unión Europea.
El Consejo recordó que la UE impuso por primera vez sanciones a Venezuela en noviembre de 2017, que incluyen un embargo de armas y de equipos susceptibles de ser utilizados para la represión interna. Según el organismo, el objetivo de estas medidas es respaldar una solución negociada y democrática a la crisis venezolana.
“La UE no ha adoptado medida alguna que pueda causar daño a la población venezolana o a la economía. La responsabilidad de poner fin a la crisis en Venezuela recae en sus autoridades”, subrayó el Consejo, al tiempo que reiteró que el levantamiento de las sanciones dependerá de avances tangibles en materia de derechos humanos, Estado de derecho, diálogo genuino y una transición democrática.
Nuevas sanciones en 2025
Además de la prórroga general, el Consejo de la UE impuso el 9 de enero sanciones a 15 funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, ante la falta de avances hacia un diálogo político y por la persistente crisis de derechos humanos en el país. Las medidas alcanzan a altos cargos del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Consejo Nacional Electoral (CNE), la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y organismos de inteligencia.
Entre los sancionados figuran la presidenta del TSJ, Caryslia Beatriz Rodríguez, y otros magistrados y autoridades electorales, señalados por su presunta participación en la certificación de resultados electorales no transparentes, la exclusión de candidatos opositores y el bloqueo de denuncias por irregularidades. También fueron incluidos responsables de cuerpos de seguridad e inteligencia, acusados de represión, detenciones arbitrarias y violaciones graves de derechos humanos tras los comicios de 2024.
El Parlamento Europeo, por su parte, ha instado a la Unión Europea a incrementar la presión internacional sobre el gobierno de Nicolás Maduro, mientras el bloque comunitario mantiene su postura de que las sanciones son reversibles y dependen exclusivamente de cambios verificables en la situación política y de derechos humanos en Venezuela.
