La Asamblea de Estados Partes de la Corte Penal Internacional (CPI) celebrará este año su reunión anual en La Haya en lugar de en la sede de la ONU en Nueva York debido a las sanciones impuestas por Estados Unidos a sus responsables y las restricciones de visado que dificultan la participación de algunas delegaciones y ONG.
La Mesa de la Asamblea decidió trasladar a la ciudad neerlandesa su vigésimo quinto periodo de sesiones, que se celebrará del 30 de noviembre al 7 de diciembre, dadas las “preocupaciones relacionadas con las limitaciones a la participación derivadas del lugar de celebración de la sesión”, informó la Presidencia de la Asamblea.
Entre los obstáculos mencionó específicamente la situación de “funcionarios electos de la Corte sujetos a sanciones de Estados Unidos”, además de las restricciones de visado que afectan a algunas delegaciones y representantes de organizaciones no gubernamentales.
El cambio de sede se acordó tras consultas con todos los países miembros y supone modificar los planes originales para una reunión que estaba previsto celebrar en la sede de Naciones Unidas en Nueva York.
La presidenta de la Asamblea, la diplomática finlandesa Päivi Kaukoranta, subrayó que la medida responde a “las circunstancias específicas existentes en 2026” y “no establece un precedente” sobre dónde se celebrarán las futuras sesiones.
La decisión se produce en plenas tensiones entre Washington y la CPI, después de que Estados Unidos haya ampliado sus sanciones contra jueces y fiscales del tribunal, incluida la presidenta de la Corte, la magistrada japonesa Tomoko Akane.
Estados Unidos no forma parte del Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la CPI, y ha rechazado la jurisdicción del tribunal sobre ciudadanos estadounidenses y, en determinadas circunstancias, sobre nacionales de países aliados, como es el caso de Israel.
La CPI ha emitido órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad en Gaza.
La Asamblea es el órgano legislativo y de supervisión de la CPI y está integrada por los 125 países que han ratificado el Estatuto. Se reúnen para, entre otras cosas, aprobar el presupuesto, supervisar cuestiones administrativas y participar en la elección de jueces y otros altos cargos.
La decisión de celebrar esta reunión en Nueva York se había adoptado por los países ya en 2024.
Las restricciones de entrada estadounidenses ya generaron tensiones en Naciones Unidas: Washington negó este septiembre el visado al presidente palestino, Mahmud Abás, que tuvo que intervenir por vídeo ante la Asamblea General en Nueva York.
Además de las sanciones, la Administración del presidente Donald Trump ha instado también a sus aliados a abandonar el tribunal.
Frente a esto, y en una señal de respaldo europeo a la Corte, los ministros de Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, y de Países Bajos, Tom Berendsen, visitaron este lunes la sede de la CPI en La Haya y se reunieron con responsables del tribunal, incluida Akane.
“El Gobierno alemán apoya plenamente a la Corte”, afirmó Wadephul, cuyo país es el segundo mayor contribuyente financiero de la CPI después de Japón, y aseguró que trabaja con otros países para preservar la capacidad del tribunal de seguir funcionando frente a las sanciones de Washington. EFE
