Esta decisión también podría afectar seriamente al modelo de negocio de la economía de los llamados «gig» (trabajos precarios), donde a los trabajadores se les paga únicamente tras cada servicio prestado
La empresa de transporte Uber ha perdido la batalla legal que comenzó en 2016 y deberá clasificar a sus conductores como «trabajadores» propios y no como autónomos, según dictaminó el Tribunal Supremo del Reino Unido este viernes.
El fallo de los jueces concluyó, por tanto, que los trabajadores de la compañía deben tener acceso a todos los «derechos básicos», así como a «vacaciones pagadas», por lo que Uber se enfrenta una gran factura por compensación de hasta 12.000 libras (13.834 euros) para cada uno de sus trabajadores.
Uber recurrió al Supremo tras haber perdido litigios en tres instancias inferiores, después de que en 2016 un tribunal laboral resolviese que los conductores de la compañía prestan sus servicios como trabajadores y no como contratistas externos.
La sentencia reconoce a los chóferes como trabajadores («workers», en inglés), pero no como empleados («employees»), que en la legislación británica gozan de unas ventajas laborales superiores.
El Supremo concede así a los conductores el estatus de trabajador de Uber, y niega que sean autónomos («self-employed») como la compañía alegaba.
El veredicto ha sido muy celebrado por los defensores de los derechos de los trabajadores, como el sindicato GMB, que afirmó en un comunicado que ha sido una «victoria histórica», y apeló a Uber a «dejar de perder tiempo y dinero persiguiendo causas legales perdidas» y apoyar a los trabajadores que «apuntalan su imperio».
Esta decisión también podría afectar seriamente al modelo de negocio de la economía de los llamados «gig» (trabajos precarios), donde a los trabajadores se les paga únicamente tras cada servicio prestado, y que está en auge en los últimos años, también en otros sectores como el de los repartidores.
Los conductores Yassen Aslam y James Farrar, quienes comenzaron el proceso en 2016, fueron sometidos a un test en el Supremo para comprobar que sus condiciones laborales sí se encontraban dentro de la definición de «trabajador» del código laboral.