Este lunes el gobierno francés prometió bajar los impuestos y recortar el gasto público, en respuesta a las demandas de los chalecos amarillos
Se hacen llamar así «chalecos amarillos» (Gilets Jaunes en francés) porque visten prendas de color amarillo fluorescente, como las de alta visibilidad para carreteras.
Según han explicado sus propios integrantes, el grupo carece de estructura y no tiene portavoz oficial.
Fueron las redes sociales, el medio utilizado para convocar las concentraciones, las cuales han alcanzado un alto nivel de participación, que ha alterado la agenda del gobierno francés, el cual tuvo que destinar cientos de agentes del orden para controlar estas movilizaciones.
Comenzaron a manifestar el 17 de noviembre pasado en París contra el alza de los precios de los combustibles y los impuestos, pero luego sus reivindicaciones se extendieron a otras demandas sociales y políticas, como la pérdida de calidad de vida, el estancamiento de los salarios y el alto desempleo, además de la renuncia del presidente de Francia, Emmanuel Macron.
Seguidamente se sumaron participantes en las ciudades Burdeos, Marsella, Niza, Nantes, Rouen, y Lyon, como este último sábado 6 de abril.
Tal fue la presión de los activistas y las manifestaciones de calle, que el presidente francés dio marcha atrás y suspendió el aumento de los impuestos sobre los carburantes que estaba previsto para el 1 de enero de este año, congeló las tarifas de electricidad y gas, que debían incrementarse a partir de 2019, y aumentó el salario mínimo.
Pero las protestas no cesaron, al contrario, los chalecos amarillos ampliaron sus demandas. Una de ellas es que se permitan los referéndums populares.
En París, los chalecos amarillos han manifestado en la plaza del Arco del Triunfo, el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Asamblea Nacional y el Senado, pero debido a que las manifestaciones se tornaron violentas, estos lugares han sido vetados para ellos.
Para evitar los fuertes altercados de mediados de marzo, fuerzas militares antiterroristas fueron apostadas en una amplia zona entre el Palacio del Elíseo, sede de la presidencia francesa, y la Asamblea Nacional.
Muchas tiendas, restaurantes, agencias bancarias y locales han sido destrozadas o víctimas de saqueos.
Según la Federación Francesa de Seguros, el vandalismo en el marco de las protestas de los ‘chalecos amarillos’ ha costado 200 millones de euros a las aseguradoras hasta el 16 de marzo.
Paralelamente, las autoridades investigan más de 200 casos de presunta violencia policial desde el inicio de las protestas antigubernamentales el 17 de noviembre.
El sábado número 13 de protesta, en París, un manifestante perdió una mano, cuando trataba de forzar las rejas de seguridad de la Asamblea Nacional. Una granada lacrimógena lanzada por los agentes antidisturbios le estalló en la mano y se la arrancó.
La policía ha sido criticada por manifestantes, partidos políticos y defensores de las libertades públicas por el uso de balas de goma, causantes de la mayoría de las heridas.
Un grupo de oftalmólogos solicitó al presidente Macron prohibir a la policía el uso de las balas de goma para reprimir las protestas.
Hasta el 9 de enero se habían registrado 82 heridos graves, 60 de ellos por disparos del rifle LBD 40, denominado también GL06, de la empresa suiza Brugger & Thomet.
Naciones Unidas, a través de Michèle Bachelet, alta comisionada de derechos humanos, exigió igualmente una “profunda investigación” sobre la violencia policial en Francia desde el inicio del movimiento.
Para mediados de abril, el Gobierno francés tiene previsto hacer anuncios con respecto al gran debate nacional lanzado por el presidente Macron, en busca de respuestas a la crisis provocada por los «chalecos amarillos».
