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jueves, 02 febrero, 2023

Verónica Zubillaga: «No es mano blanda ni mano dura, sino mano inteligente» lo que se necesita para combatir a las bandas criminales

Texto: Vanessa Davies. Fotos: Rafael Briceño-Contrapunto

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«Ya se conoce que, con estos operativos, los grupos criminales no se sienten disuadidos de actuar, sino al contrario: asumen la declaración de guerra y se preparan y se arman más para responder», subraya la socióloga e
investigadora de la Red de Activismo e Investigación por la Convivencia Reacin. La falta de oportunidades lleva a los jóvenes a incorporarse a las redes criminales, advierte

Hay guerras no declaradas, pero guerras al fin. En Venezuela el número de víctimas de la violencia de los cuerpos de seguridad es como el de un conflicto sin tener el conflicto declarado. Verónica Zubillaga, investigadora de la Red de Activismo e Investigación por la Convivencia Reacin, lo refiere con preocupación. Coqui, Vampi, La Pelúa son nombres y rostros que se han hecho comunes para caraqueñas y caraqueños. También lo son las FAES, siglas que han salido de Venezuela para convertirse en bandera de la ONU, pero para solicitar su desaparición.

«Tenemos años denunciando esta avanzada de una violencia policial cada vez más letal, muy evidente a partir del lanzamiento de los operativos militarizados conocidos como OLP, en cuyo primer día de actuación, en 2015, murieron al menos 14 personas», señaló en entrevista para el programa Con tres puntos transmitido por el Instagram de Contrapunto.

Durante varios años «comunidades se han visto asediadas por una irrupción policial regular. Cuando conversamos con las vecinas nos dicen ‘los lunes nos tenemos que preparar porque vienen los de negro’, y los de negro son agentes policiales encapuchados».

La OLP, según agentes policiales «que hemos entrevistado, fue una operación con mucha descoordinación, muy caótica. Después de la OLP se lanzan las Fuerzas de Acciones Especiales de la policía, conocidas como FAES, que tienen una acción más sistemática, más dirigida, pero igualmente letal».

-¿Dónde ven la respuesta de las comunidades ante la agresión del Estado?

-Hay dos cosas. Es una tendencia en América Latina, vemos países como El Salvador, Guatemala, Brasil y Colombia que vienen fortaleciendo trágicamente esta tendencia: Cada vez más mueren hombres jóvenes de sectores populares. Para nosotros es una tragedia y una paradoja, porque si algo prometió el chavismo como fuerza emergente fue la inclusión y el respeto a los derechos humanos dentro de una historia de abusos policiales que se concretaba en las redadas, en las leyes como la de vagos y maleantes. Pero paradójicamente en este periodo que llamamos post chavista o post Chávez, y sobre todo a partir de 2015, estos operativos abrumadoramente acorralan y asedian a los sectores populares. tenemos varios tipos de respuesta en función de los diferentes grupos. Por ejemplo, las mujeres se preparan para recibir a estos hombres de negro, entran entre 30 y 50 funcionarios armados y encapuchados; es prepararse ante la invasión de un ejército armado. Por supuesto, las mujeres tratan de proteger a sus hijas, reciben insultos como «alcahuetas, protegen malandros». Por supuesto, esto ha generado la alianza y organización de los grupos criminales para responder. Ya se conoce que, con estos operativos, los grupos criminales no se sienten disuadidos de actuar, sino al contrario: asumen la declaración de guerra y se preparan y se arman más para responder. Vemos en Caracas enfrentamientos entre grupos criminales y grupos policiales, enfrentamientos con armas de guerra como, por ejemplo, las granadas. Pero, ¿de dónde vienen las granadas?

-¿De dónde vienen?

-Se filtran de las industrias militares. Tienes una red de actores armados vinculados que generan la violencia letal que estamos teniendo. No estamos en una situación de guerra pero tenemos muertes como si estuviésemos en una guerra.

-Un esfuerzo de investigación hace Reacin, con este libro «Dicen que están matando gente en Venezuela», en el que vemos la otra parte: la falta de oportunidades para nuestros jóvenes. Fue noticia en redes sociales una muchacha, a la que llamaron «La Pelúa», supuestamente integrante de la banda de El Coqui. ¿Cuál es el rol de las mujeres en estas bandas criminales?

-El título «Dicen que matan gente» viene de una niña que está comentando, en una de las conversaciones sobre la policía, «dicen que matan gente, pero en realidad están matando a malandros». Lo que quiero subrayar es el deterioro que hemos experimentando del valor de la vida. Ese es un punto importante en nuestros trabajos: clamar por la recuperación del derecho a la vida como pacto básico de convivencia en nuestro país. Por otro lado, las mujeres. Lo que hemos encontrado es que, en un contexto que se ha venido definiendo como de revolución pacífica pero armada, las armas como objetos han comenzando a expandirse y a proliferar entre mucha gente. Hay la creencia de que las armas se mantienen entre los grupos para defender la revolución, pero las armas son objetos que no hacen sino circular.

-Pero son un negocio, también.

-Por supuesto. Las armas se alquilan, las armas se venden, las armas se roban. Las armas están en permanente circulación.

-Son una mercancía.

-Una mercancía y un objeto muy poderoso porque es un objeto para matar. Es un objeto que contribuye a establecer relaciones sumamente despóticas. Quien tiene un arma es capaz de ejercer un poder arbitrario en su comunidad.

-¿Por qué las muchachas se suman?

-Lo que venimos observando es que las armas están muy presentes en la vida de las comunidades, en la vida de los niños, en la vida de las mujeres. Tenemos varios tipos de respuesta: mujeres adultas mayores que conviven con hombres armados y las armas forman parte de los objetos de la vida cotidiana porque las tienen que esconder. Hay casos de mujeres a quienes les han asesinado a sus hijos, y entonces en un país donde hay una crónica ausencia de justicia las armas son los objetos que se piensa que pueden ejercer justicia o venganza.

-¿Para tomar justicia por su mano?

-Para vengar la muerte del hijo. Nos imaginamos lo terrible que es perder un hijo y no hay instituciones dónde acudir. Tenemos relatos de mujeres que dicen «conseguí un arma para tomar venganza por la pérdida». Luego tenemos los casos de mujeres más jóvenes. En medio de esta agencia precaria, las armas abren espacios de participación pero son precarias en el sentido de que las exponen a riesgos y a relaciones muy despóticas. Eso tiene que ver también con la falta de oportunidades para mujeres jóvenes. En nuestros trabajos siempre encontramos las historias de jóvenes varones que iniciaron estilos de vida violentos porque la falta de protección es notable. Muchachos que van de su casa a la escuela y eran amenazados por muchachos mayores pertenecientes a bandas armadas, y entonces los acosan, les roba los zapatos y frente a la ausencia de fuentes de protección, personas o instituciones donde acudir se consigue el arma.

-¿Para protegerse?

-Para defenderse. Las muchachas están muy vinculadas a grupos de varones armados. Las jóvenes cada vez más comienzan a participar, forma parte de esta emancipación femenina. En el caso que trabajamos son muchachas que nacen en sectores de barrios históricamente enemistados; en el otro sector está el que asesinó a tu hermano, y aquí está el que asesinó al tío del otro, y ellas se introducen en unas redes de muertes y dolientes. Por supuesto, comienzan ellas a ser agredidas; muy similar a los varones, consiguen armas para defenderse.

-No solo como parejas de los jefes de las bandas, sino ellas mismas…

-Ellas como sujetos portadores de armas.

-La administración de Maduro argumenta que tiene programas de atención a los jóvenes, como Chamba Juvenil. ¿Realmente son una respuesta ante bandas o la tentación de participar en una banda?

-Yo diría que los jóvenes son los grandes huérfanos de la atención social, tanto de la sociedad civil como de las agencias públicas. En una época hubo mucha movilización por los niños, y se aprobó la Lopna, el sistema de protección. Pero hay un umbral en el que estos adolescentes cumplen 17 o 18 años y caen en la orfandad de oportunidades. Por supuesto, las redes ilícitas son redes voraces. Los jóvenes huérfanos de oportunidades ven que esas son las redes en las que resulta más fácil insertarse. Es una tragedia que en nuestro país, donde la muerte por arma de fuego es la primera causa de muerte en los jóvenes varones, no haya programas serios de atención y de inserción.

-Vivimos una situación económica complicada. Pero ustedes han registro que el incremento de la violencia se produjo antes de la recesión. ¿Cómo se explica que sea igual en un momento de bonanza y en un momento de recesión?

-Ya desde los años 90 venimos registrando la participación de jóvenes en redes ilícitas, no solamente en Venezuela. En Brasil, en Colombia los jóvenes de sectores populares son los grandes huérfanos y «población desechable» porque no tienen lugares donde insertarse. Las redes de economías ilícitas, como las de las drogas, eran las grandes redes de inclusión. ¿Cuál es el punto que estamos destacando ahora? Que a estas redes de economías ilícitas donde tradicionalmente se han insertado los jóvenes hoy día tenemos unas fuerzas policiales letales que sistemáticamente están atentando contra esta población.

-¿Esta política de mano dura no resuelve el problema?

-Al contrario: Lo empeora. Tuvimos una época de mano dura en la que se encarceló masivamente a los jóvenes.

-Pero hubo un tiempo de mano blanda y tampoco vimos cambio. La Gran Misión a Toda Vida Venezuela…

-No es mano blanda ni mano dura, sino mano inteligente. Es decir: políticas de atención focalizadas en los jóvenes en las que ellos se sientan reconocidos y, también, una policía con capacidad de investigar para ir directamente a los grupos criminales. La mano dura es esta invasión masiva en barrios.

-Los hombres de negro.

-Los hombres de negro que causan un daño terrible y deslegitiman al Estado. ¿Cómo es posible que las mujeres y los jóvenes vean a las fuerzas del Estado, no como entes protectores, sino como fuerzas bárbaras que irrumpen, roban teléfonos celulares. En aquel momento (inicio de las OLP) había escasez de comida y robaban comida.

-¿Eso legitima la violencia dentro del barrio? ¿Se vuelven referentes?

-El Estado está rutinizando y legitimando la violencia armada arrasadora como forma de relación con los sectores populares. Es grave porque el Estado es la entidad que, en términos normativos, debe proteger los derechos humanos y debe pacificar, debe instaurar convivencia pacífica.

-¿Qué hacer con las zonas de paz?

-Las zonas de paz fue un programa muy caótico. En otros países hay programas de desarme, desmovilización y reinserción. Incluso, este dispositivo que está pensado para contextos de conflicto armado ha sido transportado para situaciones de conflictividad armada en las ciudades, como Brasil. Pero son programas institucionalizados, hay redes de colaboración entre instancias públicas como ministerios, universidades, organizaciones sociales; son programas integrales que incluyen a los jóvenes y hay una transformación subjetiva en esto de dejar de las armas.

-¿No es lo que se hizo aquí?

-No. Las zonas de paz fueron espacios donde no entraban los policías, se ofrecieron algunas ayudas sociales pero no fue un programa integral, institucionalizado. Contribuyó a que los grupos armados se armaran y se organizaran más.

-¿Basta con eliminar a las FAES?

-La gente en las comunidades los llama los grupos de exterminio. Eso es un indicador de cómo los percibe la gente. Aquí hubo un proceso muy serio, cuando se instauró la comisión nacional para la reforma policial, y por primera vez hubo un debate de grupos y fuerzas políticas muy diferentes. Participaron el sector privado, la iglesia, universidades, autoridades y realmente se dio un debate muy serio. Todo el abecedario de lo que hay que hacer está.

-¿Hay que acudir a ese trabajo?

-Un trabajo muy serio de consulta con comunidades, con grupos particulares, con expertos externos, internacionales. Ese conocimiento está allí.

-Tenemos una suspensión de garantías. ¿Ven alguna relación entre el incremento de la violencia y esta suspensión de garantías?

-Claro. Es la instauración de un estado de excepción permanente. Nuestros derechos están suspendidos. Esta es una crítica mundial de cómo la pandemia ha potenciado los gobiernos autoritarios y ha potenciado la militarización de las sociedades a costa de los derechos y las libertades cívicas.

-¿Qué debe hacer el ciudadano para defenderse de la agresión de un gobierno autoritario, por un lado; y de la violencia social en su comunidad.

-Debemos seguir actuando en redes. Es importante dar estos debates con el Estado. Si para algo pudiese servir el informe tanto de la Misión de Determinación de Hechos como de la oficina de Michelle Bachelet es poder dar ese debate con las autoridades. Hay la evidencia, entonces vamos a hacer una reflexión y vamos a retomar la reforma de las instituciones de seguridad. No es posible que un Estado esté asesinando sistemáticamente a la población. Estos informes, en lugar de generar respuestas defensivas, los podemos aprovechar para generar las conversaciones que hay que dar. Y, por supuesto, comenzar a pensar en programas de reparación a las víctimas.

-¿Cómo debe ser esa reparación?

-Los venezolanos caemos en situaciones de países en conflicto armado. Tenemos números masivos de víctimas, lo que amerita que desde el Estado comiencen a generarse programas de reparación y atención a víctimas. Son procesos en los que las víctimas deben ocupar un lugar central. ¿Cómo, desde el Estado, se puede reparar lo irreparable, porque nadie puede reparar la pérdida de un hijo; un niño que pierde al padre se ven truncada sus oportunidades de desarrollo. Partiendo de que nadie puede reparar esas pérdidas, ¿cómo hacemos para diseñar programas de reparación que den, por ejemplo, becas a los niños huérfanos? Programas de atención psicosocial a las madres que perdieron a sus hijos, a estos niños que han perdido a sus padres. Son programas integrales en los que las víctimas deben tener la voz central para poder expresar sus necesidades, para la sanación del tejido social.

-¿Reacin está dispuesta a dar esa discusión con el Estado?

-Reacin, y muchas organizaciones, se están aglutinando para dar esos debates con el Estado. Creo que la postura es, a partir de la evidencia, poder tener debates y encuentros con las víctimas para que podamos avanzar.

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