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viernes, 09 diciembre, 2022

Liliana Ortega, fundadora de Cofavic: Patrones de represión usados en el Caracazo se mantienen 33 años después

Texto: Vanessa Davies. Fotos: Jonathan Lanza-Archivo Contrapunto

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«Las condiciones que dieron origen al Caracazo no solo se mantienen, sino que algunas se han agudizado», advierte la abogada que, en 1989, trabajó para agrupar a las víctimas de la represión policial y militar. Reabrir el caso del Caracazo está en manos del Ministerio Público y los tribunales, reitera al enfocarse en aquellos hechos ocurridos en un día tal como hoy

Mientras en la sede de la Disip (hoy Sebin) se encarcelaba a estudiantes y a población general, y en la de la DIM (hoy Dgcim) se torturaba a quienes el gobierno consideraba los responsables de la revuelta, en las afueras de la morgue de Caracas se congregaban los familiares de los ajusticiados y los desaparecidos. Eran los primeros días del mes de marzo de 1989 cuando el dirigente político Enrique Ochoa Antich y la abogada Liliana Ortega asumieron la tarea de organizar el dolor y escribir las primeras páginas de lo que después sería Cofavic: El Comité de Familiares de las Víctimas del 27-28 de febrero de 1989.

Hoy, el Comité de Familiares de Víctimas del Caracazo está más activo que nunca. Ortega, fundadora de esta organización, afirma que El Caracazo «es un punto de inflexión para entender el presente, y también para entender el futuro. Para entender el presente, porque las condiciones que dieron origen al Caracazo no solo se mantienen, sino que algunas se han agudizado, y sobre todo, porque ahí comenzaba a perfilarse la desestructura del Estado y la falta de protección del Estado con los ciudadanos. Y para entender el futuro, porque para la construcción de la memoria histórica es muy importante, es un punto de partida El Caracazo».

«La impunidad del Caracazo, que aún se mantiene luego de 33 años, es un tema que tiene que ver con el presente y el futuro, porque está íntimamente ligado al uso proporcional de la fuerza pública, a la brutalidad policial, a la obstrucción de la evidencia y de las investigaciones, a la estigmatización y a la exclusión de sectores populares muy importantes», prosigue. «Por eso creo que los temas del Caracazo siguen teniendo una enorme vigencia, y la tienen especialmente mientras no se resuelvan, mientras esté allí el dolor producido en los sectores populares y la no comprensión de ese dolor». El Caracazo «es uno de los casos, en la historia de las Américas, en el que no se ha reivindicado la memoria de las víctimas, no se han entregado los restos a los familiares, aún siguen pendiente muchísimas cuentas basadas en ese dolor para cerrar el duelo e intentar construir el proyecto de vida».

-¿Por qué sigue en la impunidad? ¿Cuántos casos sin resolver? ¿Qué acciones el Estado no ha tomado?

-La sentencia de la Corte Interamericana se refiere a 47 casos, y en esos casos el Estado venezolano no ha determinado responsabilidades individuales de los hechos cometidos. En los casos que no llegaron a la Corte no conocemos que haya alguna sentencia condenatoria. En los casos relativos a las fosas clandestinas de La Peste (Cementerio General del Sur) no se han determinado las responsabilidades de quienes contribuyeron a la destrucción de la evidencia y el ocultamiento de lo ocurrido, ni tampoco se han identificado plenamente los restos que fueron encontrados allí ni han sido entregados a los familiares de las víctimas. Esa es una de las deudas pendientes más importantes. La Corte lo dice de manera muy claro: es un gesto humanitario muy importante el entregar los restos de las personas inhumadas en La Peste a los familiares de las víctimas. Pero esta entrega tiene que ser en unas condiciones específicas, y una de ellas es que sea bajo mecanismos confiables para las partes. La reparación está en eso: que las víctimas sientan confianza en que los métodos que se están aplicando están basados en experticias médico-forenses; y ese es un tema que duele mucho a los familiares de las víctimas del Caracazo, que lamentablemente aún sigue pendiente.

-¿Impunidad total?

-En relación con la justicia, sí. En relación con la reparación pecuniaria, el Estado venezolano sí cumplió la sentencia de la Corte Interamericana para las víctimas que acudieron a este mecanismo. Pero la reparación pecuniaria, las denominadas indemnizaciones son solo una parte de la reparación. La reparación integral conlleva la justicia. Es un paso obligatorio y ese paso no lo ha dado el Estado venezolano.

-Tanto el gobierno de Chávez como el gobierno de Maduro reivindican el Caracazo, dicen que se ha hecho justicia.

-El Caracazo es un hito en la historia de Venezuela y ha sido utilizado políticamente por distintos sectores de la vida venezolana, de una u otra manera, para justificar momentos políticos. Lo cierto es que la justicia no tiene cómo ocultarse. La justicia significa castigo a los responsables, y los responsables del Caracazo no han sido castigados. Eso está pendiente. Mientras eso no se cumpla no se puede decir que se ha reivindicado a las víctimas. El reconocimiento de lo ocurrido es importante, pero es una parte de la reparación, no es la reparación total, y el camino de la justicia no se ha transitado. No hay nadie condenado en los casos que nosotros conocemos de manera definitiva por los hechos del Caracazo. Se han abierto algunas investigaciones, se pasaron de jurisdicción militar a jurisdicción civil, pero lo cierto es que no hay condena a los responsables. Y mientras no estén individualizadas las responsabilidades, mientras no haya condena a los responsables, esa tarea pendiente sigue estando allí.

-¿Por qué no han sido castigados? ¿Por qué no se ha individualizado a los responsables?

-Esa es una respuesta que tienen que darla quienes están obligados a investigar. Pero no solamente quiénes dispararon, sino también, quiénes evitaron que se pudiese investigar de manera adecuada, quienes promovieron el uso de fosas clandestinas, quienes las ejecutaron, quienes obstruyeron la justicia. Hay distintos momentos de impunidad que no solo están centrados en quiénes dispararon. Es quiénes dieron las órdenes, cómo se desarrollaron esos planes, cuáles fueron las medidas preventivas que no se tomaron. Es decir, la responsabilidad del Estado abarca distintos niveles. ¿Por qué no se ha determinado? Debe ser porque quienes cometieron estos hechos aún siguen teniendo poder, ¿no?

-Treinta y tres años después, incluso se han perdido evidencias, ¿se podría hacer algo?

-Si hay voluntad política se puede hacer. Obviamente, hoy día va a ser mucho más costoso y mucho más complejo el procedimiento, pero se puede hacer a través de métodos que se han aplicado en otros países. Investigaciones por vía de ADN, por vía de mecanismos muy sofisticados que se han ido creando para la identificación de las víctimas y la respuesta confiable a los familiares. Por otro lado, es muy importante determinar en todos los archivos y expedientes el Caracazo, a los cuales no hemos tenido acceso en 33 años, si se mantienen los resguardos de la evidencia: si se ha cumplido la cadena de custodia. Hay unos pasos que en el proceso se debieron haber dado; si no se dieron. ¿quiénes son los responsables de que eso no haya ocurrido?

-Treinta y tres años después les han negado el acceso a los expedientes. ¿Quién se los niega?

-Las autoridades que están vinculadas con el proceso, históricamente, mantuvieron bajo secreto, bajo reserva, el proceso. Aún se mantiene bajo reserva. Aunque pasó a jurisdicción civil, los familiares de las víctimas que han sido representados por Cofavic no han podido tener acceso al expediente. Eso ha sido solicitado en numerosas oportunidades, pero no se ha producido un resultado que tiene que darse: que las víctimas participen directamente en el proceso y que tengan acceso adecuado y en calidad de igualdad. Lo lamentable es que ese proceso se revive en el aniversario; hay una declaración, elementos que se dan a conocer públicamente, pero luego que pasa el aniversario se vuelve a colocar eso en un congelador y no hay un paso importante en el desarrollo de ese proceso.

-¿Qué habría que hacer para retomar el caso?

-En el año 2009 -nosotros no tuvimos acceso- se desarrollaron una serie de acciones para sacar los restos que estaban en los nichos, que habían sido colocados allí bajo criterios del equipo de antropología forense de Argentina, y no sabemos el paradero, dónde se colocaron esos restos que estaban allí. No se sabe el procedimiento, bajo qué parámetros se desarrolló y dónde están esos restos. Poder determinar la ubicación de esa evidencia, e iniciar un verdadero proceso de investigación e identificación con el auxilio de expertos internacionales, es un paso ineludible. Eso que se hizo en 2009 es lo más grave que ha ocurrido después de la creación de las fosas clandestinas.

-¿Implica la pérdida de evidencia?

-Claro. Luego de la creación de las fosas clandestinas, con el auxilio de expertos internacionales se pudo recuperar parte de la evidencia. Se pudo resguardar bajo términos internacionales, con criterios de antropólogos forenses de muy alto nivel para poder iniciar una investigación adecuada. Pero volvimos al punto cero, porque ni siquiera se sabe dónde están esos restos, qué se hizo con ellos, cómo fueron tratados, si hubo cadena de custodia. Ese proceso fue muy grave, y fue muy doloroso para los familiares de las víctimas. Se hizo un monumento de un vacío muy grande, porque lo cierto es que lo importante es que las víctimas hubiesen tenido acceso a ese proceso y hubiesen tenido la posibilidad de saber dónde estaban sus seres queridos y poderlos enterrar de acuerdo con sus creencias religiosas. Desde el punto de vista humano eso es lo que había que hacer; y desde el punto de vista legal, también. Pero creo que eso fue casi volver a hacer las fosas clandestinas de la Peste, y sin mucha comprensión de por qué se hizo eso tan mal. Por qué la Fiscalía se comportó de esa manera y les dio la espalda a las víctimas. Si con Pérez en Miraflores, la Fiscalía procedió a la apertura de las fosas clandestinas, por qué en 2009 retrocedió a cuando se crearon las fosas clandestinas en 1989. Se volvió a destruir la evidencia, lo poco que se había recabado; a destruir la esperanza, en definitiva, de las víctimas. Por más que no habían obtenido la identificación plena de sus seres queridos, tenían una certeza de que ellos estaban allí, en esos nichos.

-¿Quién debe reabrir el caso Caracazo?

-Sin duda está en manos de quienes tienen facultades para hacerlo: está el Ministerio Público y están, por supuesto, los tribunales, porque hay una investigación en tribunales. Está en manos de todas las autoridades que tienen competencia.

-¿No se ha sancionado a los autores materiales ni intelectuales?

-No hay ningún castigo a los responsables. Ni siquiera los materiales, los que cometieron los hechos. Los casos, desde el primer nivel de responsabilidad, no han concluido.

-¿Estamos viviendo un Caracazo cada mes, cada semana, cada año, con las ejecuciones extrajudiciales? ¿Tenemos un Caracazo permanente?

-El caso del Caracazo no es comparable con ningún otro caso por la magnitud del uso de la violencia contra residencias en el tiempo en que ocurrió. No ha habido en Venezuela un caso asimilable. Sin embargo, el número de personas presuntamente víctimas de ejecuciones extrajudiciales y tortura es bastante superior a los hechos del Caracazo. Por supuesto, hay que tomar en cuenta que los hechos del Caracazo ocurrieron en días. Lo cierto es que la no investigación de los hechos del Caracazo, el no castigo a los responsables ha mandado una señal muy negativa a quienes están en el poder de las fuerzas de seguridad. Eso ha sido un elemento multiplicador de la violencia. En Cofavic hemos podido documentar desde 2012 hasta 2020-2021, 13.748 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales. Es muy importante saber que en los últimos seis años se han registrado la mayoría de los casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales. Es decir, unos 9.500 casos. El perfil de las víctimas sigue siendo el mismo del Caracazo: hombres jóvenes, de sectores populares. La última sentencia que emitió la Corte Interamericana por el caso Jimmy Guerrero y otros dijo que, en Venezuela hay un patrón de actuación, de discriminación clara que determina cómo el grupo más afectado son hombres menores de 25 años, de sectores populares urbanos. Hombres jóvenes son los que siguen muriendo en manos de las fuerzas de seguridad.

-¿Estos patrones del Caracazo se mantienen en el presente?

-Se mantienen. El no haber tomado medidas desde la perspectiva de derechos humanos, ha hecho que exista mayor licencia sobre estos temas. La impunidad del Caracazo es la impunidad del presente, y eso ha multiplicado la violencia. En el Caracazo los hechos ocurrieron en una zona geográfica determinada; es cierto que en algunas zonas del país también ocurrieron unos hechos pero esto se concentró en Caracas. En cambio, el fenómeno de ejecuciones extrajudiciales lamentablemente está en todo el país, con ocultamiento de evidencias, hostigamiento. El Caracazo es, quizá, el primer elemento revelador de que en Venezuela hay una feminización de la impunidad. Es cierto que la mayoría de las víctimas son hombres, pero también es cierto que la mayoría de las víctimas que sufren hostigamiento, exclusión, son las mujeres. La denunciante de crímenes de derechos humanos en Venezuela es la mujer. Allí hay un impacto diferenciado de efectos gravísimos que tiene la impunidad, como enfermedades crónicas, estrés, trastornos psicológicos, maltrato familiar, exclusión, desvalorización de sí misma. Eso sigue siendo un elemento diferenciador de la impunidad. La impunidad en Venezuela tiene cara de mujer, son rostros de mujeres los más afectados por la falta de acceso a la justicia, y los efectos perversos de la impunidad. La impunidad lo que hace es poner al otro como que no vale nada, no tiene ningún valor frente al Estado. La víctima es rechazada, es desvalorizada, y eso las familias lo han resintiendo. Son las mujeres las que asumen esta lucha en primera línea.

-¿Se necesita apoyo internacional para retomar las investigaciones del Caracazo?

-Cofavic lo ha dicho desde el minuto cero. Las fosas clandestinas salen de Medicina Legal. Por lo tanto, el instituto de Medicina Legal de 1989, y el de hoy, no tienen plena autonomía para poder investigar los hechos. Parte de los equipos que actuaron para crear las fosas clandestinas eran funcionarios en ejercicio en el instituto de Medicina Legal. El auxilio de expertos internacionales es fundamental. En las Américas hay equipos muy importantes. El equipo argentino de antropología forense, el que se trajo a Venezuela para investigar estos hechos, es el equipo de mayor experticia en el mundo. Pero también hay otros en Guatemala, en Colombia. América tiene equipos de antropología y medicina forense muy buenos. El auxilio de expertos internacionales, con expertos nacionales, es una condición para Cofavic indispensable para que estas investigaciones puedan hacerse de manera confiable, de manera independiente. Y, además, para usar la tecnología de punta para hacer esto que hoy día es mucho más costoso y mucho más sofisticado que en los años 90.

-¿Qué implica reabrir el caso?

-Saber dónde están los restos que se exhumaron de los nichos, ubicar dónde está esa evidencia, cómo fue la cadena de custodia. ¿Por qué en 2009 se repitiera lo que ocurrió en 1989? ¿Obstaculizar el acceso a una información de los familiares, que es indispensable?

-Determinar las responsabilidades, ver dónde están los restos…

-Exactamente. Saber dónde están, cuál ha sido la cadena de custodia, aplicar métodos confiables para esa identificación, y luego, tener en cuenta la investigación de responsabilidad individual de los crímenes cometidos: detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales.

-¿Han sido 33 años perdidos?

-Ojalá no. Hay elementos que dicen que no. El primero de ellos es que las mujeres reunidas en Cofavic han sido una voz incontestable. No son las dueñas del Caracazo, pero su voz no puede ser soslayada. Tanto el poder como la sociedad civil, y quienes han querido capitalizar la voz del Caracazo, no han podido callar la voz de estas mujeres. Yo creo que la integridad con la que ellas se han sumado a la lucha por los derechos humanos, la coherencia, la independencia, la dedicación que han tenido es un legado muy importante para el país. No creo que exista un caso de mayor generosidad de las víctimas. Estas mujeres han pasado 33 años esperando alguna resolución a sus casos, pero ellas no se han quedado en su dolor individual; han hecho su opción la búsqueda de justicia por otros. El buscar justicia por otros sabiendo que tu dolor está intacto, que tu historia no está resuelta, es un acto de amor y de generosidad muy importante.

Este lunes 28 es el trigésimo-tercer año de aquellos hechos que aún están vivos en las familias que perdieron a seres queridos ese día, que está en la historia contemporánea de nuestra Venezuela.

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