Provea mantendrá la diplomacia ciudadana para que gobernantes a quienes Maduro escucha puedan influir sobre la situación de los derechos humanos en el país, y anuncia que en colaboración con ONG mexicanas investigará la corrupción en la compra de comida para los CLAP
Hay que hablar con los que son escuchados por Nicolás Maduro. Esta fue una recomendación que les hizo el expresidente chileno Ricardo Lagos y que el director general de Provea, Rafael Uzcátegui, ha puesto en práctica estableciendo puentes con gobernantes de distintos países, como Colombia en la actualidad, para tratar de frenar las violaciones a los Derechos Humanos que se producen en Venezuela.
Es lo que Uzcátegui define como «diplomacia ciudadana» y que anunció iba a promover tratando de aprovechar la nueva realidad geopolítica que se está produciendo en el continente, luego de que gobiernos que estaban fuertemente enfrentados con la administración de Maduro, fueron reemplazados por nuevos líderes inclinados hacia la izquierda y que han demostrado estar interesados en restablecer las relaciones con Caracas.
La realidad de los derechos humanos en el país sigue siendo crítica. Eso es lo que demuestra el informe de Provea correspondiente al año 2022, donde, después de la pandemia quedaron «debilitados todos los servicios públicos y todos los derechos sociales». La falta de contrapesos institucionales, anota Uzcátegui, hace que sigamos «con una pandemia que se llama impunidad. Impunidad no solo en la situación de la violación a los derechos humanos, sino que los funcionarios no tienen ningún tipo de sanción, ni moral ni administrativa».
Leve «mejoría»
Las últimas manifestaciones de voceros del oficialismo sobre la investigación que adelanta la Corte Penal Internacional son miedos que «se amplificaron luego de la orden de captura internacional de Vladimir Putín por crímenes de lesa humanidad», lo que ha hecho que en el país se hayan tomado algunas decisiones que «han mejorado algunos indicadores».
La mejoría no es mucha, pero es algo como, por ejemplo, que durante el año 2022 «no tuvimos ningún muerto en las manifestaciones que se produjeron en el país». Otro dato que asoma, es que la cantidad de ejecuciones extrajudiciales disminuyeron a 800 casos, «que sigue siendo una cifra escandalosa», pero un año antes superaron las 1.200.
Lo anterior lo lleva a afirmar que para mejorar la situación de derechos humanos en Venezuela hace falta voluntad política «y, lamentablemente, esa voluntad está siendo posible por el temor a ser señalado por estos organismos internacionales. No es por convicción de los funcionarios».
Maduro atornillado
Apunta el coordinador general de Provea que la «única política pública que existe es el mantenerse, concentrar el poder a toda costa. Algunas decisiones que se esperan que se tomen este año, se están dilatando por una lógica electoral. Así que, lamentablemente, este va a ser un año de mucha carestía y de precarización de la situación de los venezolanos que va a mejorar en el año 2024», todo derivado de la necesidad de tener réditos electorales en los comicios presidenciales.
Eso va a profundizar la desigualdad que existe en el país, que lo hace el país más desigual del continente, que está afectando con más fuerza a las comunidades indígenas, las mujeres solteras y la población sexo diversa, señala Uzcátegui, quien en 2015 advirtió que Maduro iba a convertir a Venezuela en una fábrica de pobreza, «hoy decimos, con los datos de la mano, que Maduro es una gran fábrica de exclusión y de desigualdad en este país».
Fiscalía y Defensoría: sordas, ciegas y mudas
La leve mejoría que reconoce Uzcátegui no ha llegado ni a la Fiscalía General de la República, ni a la Defensoría del Pueblo ni a los tribunales. Insiste en que son mecanismos que hay que agotar, para seguir demostrando a la comunidad internacional «que no existe un sistema de administración de justicia que le dé respuesta a las demandas de la ciudadanía».
Lo anterior fundamenta la investigación que sigue en la CPI, porque el sistema administración de justicia en Venezuela «no está promoviendo investigaciones ni juicios genuinos, para la Corte es muy importante ese adjetivo: que sean genuinos». A pesar de los compromisos suscritos con el Fiscal Karim Khan, no ha habido avances concretos en la materia, agrega.
Petro sabe de lo que habla
Los cambios geopolíticos ocurridos en el continente los piensan aprovechar. No se le olvida la recomendación del expresidente chileno Ricardo Lagos, de que había que hablar con las personas a las que Maduro escuchaba. Es por eso que están priorizando la relación con el gobierno de Gustavo Petro. «Hay que hacer esfuerzo en incidir en los que pueden tener influencia con Nicolás Maduro. Nosotros creemos que el presidente Gustavo Petro es una oportunidad para los venezolanos».
Eso no quiere decir que abandonarán su relación con los adversarios más frontales de Maduro, pero recuerda que Petro fue beneficiario de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. «Por eso es que hemos hecho nuestra esa propuesta de que Venezuela vuelva al sistema regional de Protección y, además, su gobierno sugirió que la Corte Penal Internacional debería actuar en el caso de Nicaragua, con lo cual también está legitimando esa instancia».
Están conscientes de que la agenda bilateral tiene muchos temas, pero han insistido en las reuniones con el embajador de Colombia en Caracas y con otros funcionarios colombianos, que los Derechos Humanos no salgan de la agenda bilateral. «Es una oportunidad para disuadir, quizás no para modificar», apunta Uzcátegui.
Está convencido de que la Ley de Fiscalización de las ONG no se ha aprobado por las preocupaciones que han expresado algunos gobiernos ante ese texto legal. El hecho de que la actual administración venezolana esté siendo investigada por crímenes de lesa humanidad, impide a gobiernos amigos de Maduro darle un cheque en blanco, porque «saben que su propio prestigio pudiera estar cuestionado».
La puerta de Luis Ignacio Da Silva, Lula, también la van a tocar, así como lo han hecho con la administración de Andrés Manuel López Obrador, en México, donde han establecido relaciones con la cancillería de ese país y con algunas ONG defensoras de Derechos Humanos. «Ahorita vamos a iniciar un procedimiento en México para que se continúe investigando la denuncia de corrupción sobre ventas para las cajas CLAP, para lo cual tenemos como aliados a organizaciones sociales de México. Así como buscamos información sobre estas investigaciones. Vamos a ver de qué manera se puede disuadir o revertir alguna situación lesiva para los venezolanos».
