La formación actual de los abogados no tiene impacto en el mejoramiento de la vida social venezolana, afirma el candidato a decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCV
Una puerta identificada con las palabras «filosofía del derecho» es la antesala a un pasillo que conduce al cubículo del profesor Francisco Delgado, en el piso 1 de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela (UCV). En ese pequeño hogar que es la oficina de un docente hay libros, libros y más libros; fundamentalmente, de filosofía y de política.
«Siento una relación afectiva con la universidad», explica Delgado, candidato a decano de la facultad, en conversación con contrapunto.com. Tiene más de 30 años en la UCV, donde estudió derecho y filosofía. «Me encanta el trabajo de los abogados, pero es tan exigente que si lo quieres hacer bien no puedes desarrollar una carrera académica. Yo escogí la carrera académica. Me siento enamorado de la universidad».
El 30 de junio se medirá en segunda vuelta con el profesor Juan Carlos Apitz, quien obtuvo casi 50% de los votos en la primera vuelta electoral.
-¿Está «quedada» la formación de los profesionales de la facultad?
-Está tan quedada que el pensum de la escuela de derecho tiene 70 años. Nosotros formamos abogados como los formaban en Caracas en 1950, para una realidad global y nacional absolutamente distinta.
-¿En qué cosas ve que están «quedados»?
-Noto muchas cosas. Primero, la profesión jurídica se transformó radicalmente. Cuando alguien salía de la escuela hace 70 años pensaba formar un bufete con un grupo de amigos de su promoción y dedicarse a litigar, a atender y recibir clientes que casi siempre eran empresarios o particulares. Si conseguías clientes extranjeros te sacaste la lotería. Esa era la visión. El abogado que litiga en tribunales por la defensa de sus clientes. Esa visión, hoy, es una muy pequeña parte de lo que un abogado puede hacer en el mundo profesional. Lo que más le critico a la escuela es que no tome en cuenta que hay proyectos de vida, vocaciones absolutamente distintas que un abogado puede cumplir y la escuela no los prepara. Los siguen preparando para el modelo del abogado litigante que va a los tribunales, y ahora resulta que es la minoría; un pequeño grupo de abogados hace eso.
-¿Para qué debería preparar la escuela a los abogados?
-Para muchas cosas. Por ejemplo, me parece que gran parte de los problemas de diseño institucional en Venezuela es que no están apoyados, casi nunca, en investigación sociojurídica. Inventamos instituciones, nos sacamos instituciones de un sombrero, de la imitación de alguna legislación extranjera, y no sabemos qué impacto puede tener, o si las condiciones de la vida venezolana son adecuadas para que esas instituciones funcionen bien. Ahora, no podemos hacer investigación sociojurídica si no formamos a los estudiantes de derecho, si no les permitimos a algunos de ellos formarse para hacer una investigación sociojurídica de calidad. Se aprueban leyes, se rediseñan instituciones, hacemos asambleas constituyentes sin tener la menor idea de si van a funcionar, o no.
-¿Qué cosas no han funcionado?
-Tienes un gran ejemplo en la reforma del Código Orgánico Procesal Penal. Se hizo un proceso gigantesco, se crearon aulas en las escuelas de derecho para dar clases a los estudiantes y prepararlos para los juicios orales. Se transformaron algunas salas de audiencia de tribunales porque los juicios iban a ser orales, ante un jurado. Bastó que entrara en vigencia el Código, y pocos meses de su vigencia, para que la gente dijera «esto es un desastre». No sabíamos si eso iba a funcionar. Solo había emoción, solo había imitación del sistema alemán. Todo acompañado del cine anglosajón, con jurado, abogados que tienen discurso, oratoria particular y que ganan mucho dinero. En ese contexto, determinado por el cine de Hollywood, pensamos que podía funcionar en Venezuela, que podíamos reclutar jurados para todos los procesos penales. Eso no funcionó. Ahora tenemos un sistema que no reúne lo bueno del anterior ni lo bueno del otro. Es algo muy irregular, con muchos defectos. Creo que una investigación sociojurídica sólida hubiera llevado a replantear las dimensiones de esa reforma.
-Hay que formar para la investigación sociojurídica. ¿Para qué más?
-La escuela de derecho tiene que abrir caminos vocacionales diversos. Siempre habrá un pequeño número que quiera dedicarse a la investigación sociojurídica, y tienes que darle la oportunidad de formarse. No es que el país necesita 20 mil especialistas en investigación sociojurídica. Pero los que necesita, no los tenemos. Hay gente que se quiere dedicar al arbitraje y no formamos árbitros. Hay gente que se quiere dedicar al derecho internacional, y no formamos para el derecho internacional. Hay gente que se quiere dedicar a la asesoría corporativa, y no formamos para la asesoría corporativa. Hay gente que se quiere formar para ser juez, muchos estudiantes de derecho su vocación sería ser juez, y no formamos para ser jueces. Entonces, ¿para qué estamos formando? Estamos formando solo para el abogado litigante de hace 70 años, que iba a formar un bufete con sus amigos, que iba a conseguir un cliente e iba a desarrollar su carrera.
-¿Cómo se consigue eso?
-Tenemos un plan de estudios muy rígido. La forma de enseñanza explica gran parte de las cosas que pasan afuera. Porque nuestra forma de enseñanza del derecho es fundamentalmente autoritaria. El profesor, en clase magistral, les dice a los estudiantes cómo es el concepto, la doctrina, la materia; ellos escriben y luego el profesor evalúa si en el examen contestan las preguntas como él cree que las deben contestar. Es una forma muy autoritaria, que en Venezuela la ha estudiado bien el profesor Rogelio Pérez Perdomo. Y esa forma muy autoritaria genera gran parte del autoritarismo en las instancias judiciales y jurídicas en general, públicas y privadas en Venezuela. Es que te enseñaron que el derecho era eso: una persona que tiene autoridad porque sabe de eso, y es el que les dice a los demás cómo se hacen las cosas. Eso hay que cambiarlo.
-¿El autoritarismo de nuestro sistema judicial está vinculado con eso?
-Tiene su raíz en la enseñanza. No solo ahí. Puede tener otras raíces. Pero aquí lo sistematizamos. Tenemos un pensum muy rígido, con 31 materias. El pensum tiene 31 materias, y 30 son obligatorias. Eso, desde hace 70 años. El punto es ¿cómo podemos canalizar vocaciones diferentes, proyectos de vida diferentes, intereses profesionales diferentes si enseñas a todos los estudiantes lo mismo? Al que quiere dedicarse al derecho deportivo no le enseñas nada, al que quiete dedicarse al derecho tributario le enseñas poco, al que quiere dedicarse a los derechos humanos no le enseñas nada. Al que quiere dedicarse a la filosofía del derecho no le enseñas absolutamente nada, salvo una materia.
Aunque Delgado considera que debe darse una discusión amplia, propone que la formación de los abogados se centre en un ciclo común y que luego cada quien «se labre un camino propio» según su vocación. «La idea del abogado que sabe de todo es absurda. Debes renunciar a la idea de formar un abogado que sepa de todo. Tienes que permitir que cada quien de labre un camino profesional a partir de una base común».
-¿Por qué no se ha hecho hasta ahora?
-Hay varias razones. La universidad en general, esta universidad, es la institución más conservadora que hay. Cambiar algo cuesta mucho.
-¿Cómo lo va a cambiar usted?
-Me voy a plantear una reforma local, no la universidad. No sé cómo los candidatos a rectores están hablando de cambios profundos. Es muy difícil el cambio desde adentro. No puedes hacer el cambio desde adentro, tampoco quieres que te lo impongan, y tienes a la universidad en el peor de los mundos: ni cambias tú, no dejas que los otros te propongan.
La ventaja del proyecto que lidera, afirma, «es que hay un consenso amplio en que el plan de estudios de la escuela de derecho es el más atrasado de las escuelas de derecho de Venezuela». Cambiarlo y que ese cambio entre en vigencia necesitaría unos tres años, calcula.
Su diagnóstico se amplía a la otra escuela de la facultad: la de estudios políticos. «La escuela está muy mal. Se quemó. Ha perdido muchos profesores. Pero noto, al mismo tiempo, mucho entusiasmo en sus estudiantes, y creo que eso es lo fundamental para que una institución académica sobreviva. Ellos piensan que es necesario que se haga una transformación del plan de estudios, pero sus problemas son distintos de los de la escuela de derecho. Ese es un plan que lo crearon personajes fundamentales de la historia académica venezolana». Pero igualmente habría que revisar «si lo que estamos formando es lo que el país necesita».
-¿Qué necesita el país?
-Diría que la facultad tiene una responsabilidad histórica con el país: si queremos tener un estado de derecho necesitamos formar políticos y abogados en los conceptos, los valores y las prácticas del estado de derecho. ¿Cómo va a funcionar un estado de derecho si sus operadores no saben cómo debe funcionar, y no están comprometidos con los valores con los que deben funcionar?
-¿La universidad no los está formando para eso?
-No. Diría que tuvimos una etapa, tal vez en los primeros años de la democracia, en la que la facultad hizo un gran esfuerzo por dar esa formación. Esta es una facultad que arrancó con cuatro institutos de investigación, donde había 25 investigadores en cada instituto. Publicaba 15 títulos al año, y por lo menos tres revistas. Esta es una facultad en la que había una intensa actividad académica. Muchos de sus profesores se formaban en Estados Unidos, en Europa. Eso se perdió. Desde hace años no lo estamos haciendo, y tenemos que recuperar la principal responsabilidad histórica de nuestra facultad. Nuestra facultad está ligada a la historia del país, y ese vínculo histórico es formar los abogados, los políticos, los juristas que el país necesita para construir una vida civilizada. Lo ha hecho parcialmente a lo largo del tiempo.
-¿Cuáles son los elementos para formar abogados, politólogos para un estado de derecho?
-Tenemos tres niveles. Necesitamos conceptos, formación académica en sentido estricto. Necesitamos entender los aspectos valorativos del estado de derecho en el plano jurídico y el político. Nuestros estudiantes aprenden a interpretar la ley, pero nunca les enseñamos por qué es importante ser respetuoso de la ley, porque eso tiene un valor para la vida civilizada. No somos conscientes de que este conocimiento no debemos darlo por sentado. Hay que explicar por qué no te debes comer la luz roja en el semáforo. Eso es básico. Lo que nosotros les enseñamos a los estudiantes es «este es el código tal, la ley tal, esto se interpreta así», separando la cuestión de si este código contribuye o no a que en Venezuela exista un estado de derecho. Es la dimensión axiológica del estado de derecho, que implica respetar la labor de los jueces, la separación de poderes, que los tribunales respeten al legislador, que el ejecutivo respete a los tribunales y al legislador. Implica un sistema de relaciones entre las instituciones públicas y el ciudadano que abarca muchas cosas. No lo estamos enseñando. La dimensión axiológica no la estamos enseñando, ni se problematiza sobre eso.
A los conceptos y valores se suman las prácticas, porque «el estado de derecho tiene un funcionamiento práctico que responde a ciertas características, ciertas condiciones, que tampoco pueden trasladarse de un país a otro. Nosotros tenemos que diseñar un sistema jurídico que responda al concepto del estado de derecho, pero que también pueda adecuarse a nuestras prácticas sociales más básicas».
-¿Por ejemplo?
-Hay un proceso gradual de cambio de esas prácticas que tiene que ver con la forma cómo se ejerce el poder, con la forma como el ciudadano se relaciona con el poder. Hay que entender la práctica del estado de derecho, y cuáles limitaciones encontramos en la sociedad venezolana para hacer efectivas esas prácticas en un omento dado. Estar permanentemente abiertos a la idea de que esa práctica se va desarrollando, que no se trata de trasplantar algo y ya tienes estado de derecho, sino de que algo que tienes que ir procurando desarrollar en un plano práctico que no necesariamente se va a corresponder con el de otros países.
-¿Qué es lo realizable en Venezuela?
-En Venezuela es mucho lo realizable, porque hay mucho por hacer. Por ejemplo, la situación de las cárceles. No hay nada que no se pueda cambiar y que no sea posible cambiar. Las cárceles venezolanas, que son un infierno, pueden sufrir una transformación profunda.
-¿Qué puede hacer la facultad?
-Llamar la atención, formar. Podemos hacer mucho porque hoy no se hace absolutamente nada. La facultad, hace 20 años, dejó de pensar en los problemas nacionales. Los profesores te hablan de los conceptos jurídicos de los que te puede hablar un profesor en Francia o en Italia. Pero, ¿los problemas nacionales que tienen que ver con el derecho? ¿El sistema carcelario? ¿La formación de los jueces? ¿La formación de los jueces? ¿La independencia judicial? ¿La técnica legislativa? No hablamos de la técnica legislativa y nuestras leyes son un desastre, un arroz con mango de valores, principios, definiciones sociológicas, reglas jurídicas. No hablamos de técnica legislativa, no hablamos de la estructura del Estado, no hablamos de ninguna de las coas importantes, y tampoco hablamos de la que es básica para todas esas: la educación jurídica. No se discute sobre educación jurídica, en esta facultad ni en instancia académica venezolana. ¿Cómo tenemos que enseñar el derecho para que esa formación tenga impacto en la vida jurídica venezolana? Los abogados que están egresando no tienen un impacto en el mejoramiento de la vida civilizada en Venezuela. Podría decirse que empeoran los problemas, porque le agregan esa disposición al conflicto que espontáneamente quizá no está presente. Te voy a acusar, te voy a demandar, me voy a querellar… Le agregas otras cosas que empeoran la situación. La formación de los abogados no tiene impacto en el mejoramiento de la vida social venezolana.
Delgado sostiene que en la facultad hay cansancio y consenso alrededor de algunas ideas: «Consenso alrededor de que debemos hacer cosas dentro de la facultad que tengan impacto en el país».
-¿Cómo actuar democráticamente, con profesionales democráticos, en un sistema autoritario?
-Quizá peco de ingenuo. Siento la necesidad, en las instancias públicas, y también siento ese cansancio. Gran parte de la dirigencia del país, de los cuerpos institucionales, también siente ese cansancio. Creo que hay un interés en que el país inicie un camino hacia una vida mucho más ordenada, civilizada, productiva, que genere más felicidad para los venezolanos. Ahora, convencer a gente que se ha comportado autoritariamente de que es mejor no hacerlo, de que lo mejor es comportarte de acuerdo con lo que establece la ley, no es fácil. Pero sí encuentro disposición a mejorar las cosas. Si nosotros ofrecemos cursos de formación para que mejore la calidad de fiscales, defensores públicos, jueces, asistentes de los jueces, encontraríamos una respuesta positiva. Puedes decir qué impacto tendría eso, pero no puedes saber qué impacto puede tener un profesional en una institución. Muchas personas bien formadas en el poder judicial tendrían un impacto que no somos capaces de medir ahora. No lo subestimo. Las instituciones funcionan por las convicciones de sus miembros. No creo que la situación de autoritarismo que prevalece en el país desde hace varios años sea una condena que nos va a aplastar por la eternidad. No creo. Creo que los cambios pueden darse. El diseño institucional genera transformaciones rápidas.
