La decisión de un tribunal de Estados Unidos puede dar pie a la venta de los activos pero para avanzar en el embargo será necesaria una licencia del Departamento del Tesoro

Recientemente la situación jurídica de la filial de Pdvsa en Estados Unidos Citgo ha generado una nueva ola de interrogantes tras la decisión de un tribunal de Estados Unidos sobre la demanda de Crystallex contra Venezuela por la expropiación de la mina Las Cristinas en 2008.

Ante las dudas que han surgido en torno a la pérdida o no de la empresa venezolana, el economista Víctor Álvarez escribió un hilo informativo en su cuenta en Twitter en el que explica el alcance de la reciente decisión del tribunal estadounidense.

En primer lugar, explica que esta compañía tiene una capacidad de refinación de 745.000 barriles diarios, opera 48 terminales, nueve oleoductos y 5.000 gasolineras en el territorio estadounidense. Su valor es de 8 millardos de dólares actualmente está en la mira de acreedores que quieren cobrar, con cargo a las acciones de Citgo, deudas pendientes.

Por un lado, los tenedores del Bono Pdvsa 2020, a quienes se debe 1,7 millardos de dólares y se les dio como garantía 50,1% de las acciones de Citgo, y por el otro Crystallex, que reclama una indemnización de 1,4 millardos de dólares por la expropiación de la mina de oro Las Cristinas, en el estado Bolívar.

Aunque Crystallex no es acreedor de Pdvsa, reclama el pago de una indemnización. “Su litigio es contra la República y el marco legal estadounidense contempla la figura del alter ego que permite al afectado por impago de una deuda, embargar activos de una empresa cuando su dueño no paga”, señaló.

Crystallex fue favorecida por una sentencia que le permite incautar las acciones de Citgo para cobrar lo que reclama. La reciente decisión del juez Leonard Stark autoriza la venta de las acciones de PDV Holding, dueña de Citgo, para pagar la indemnización pendiente, continúa Álvarez.

Foto: AN

Sin embargo, esta decisión queda pospuesta mientras esté vigente la orden ejecutiva del Departamento del Tesoro que impide el embargo de cualquier activo venezolano, “pero no garantiza que Citgo no será ejecutada”, aclara el economista que resalta que la venta se hará cuando se levanten las sanciones o cuando la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) conceda una licencia.

De acuerdo con los cálculos de Álvarez, si el valor de CItgo se estima en 8 millardos de dólares, 50,1% equivale a 4 millardos de dólares de los cuales 1,7 tendrían que pagarse a los tenedores del Bono 2020 y 1,4 para Crystallex. En ese caso, Pdvsa recibiría los 0,9 millardos de dólares restantes, y se quedaría con 49,9% de las acciones, pero perdería control de la empresa.

El economista plantea otro escenario en el que se subestime el valor de Citgo en el avalúo y la compañía se remate a un precio “muy por debajo de lo que realmente vale”, con lo que el ingreso apenas alcanzaría para pagar las deudas pendientes y al país no le quedaría “absolutamente nada”.

“El remate de Citgo está en cuenta regresiva y hasta ahora ni Maduro ni Guaidó han hecho nada eficaz para evitarlo. Los acreedores siguen presionando y Citgo se rematará cuando se apruebe una licencia o se levanten las sanciones”, insiste Álvarez.

En ese sentido, considera urgente una tregua entre Gobierno y oposición para acordar una estrategia conjunta que permita salvar los activos de Pdvsa que serán necesarios para la reconstrucción del país independientemente del gobierno. También insta a ambos sectores a solicitar ante la ONU una resolución para proteger Citgo alegando que la compañía genera ingresos necesarios para un país que sufre una grave crisis humanitaria. “De lo contrario, los acreedores se lanzarán como aves de rapiña a disputarse los escombros de una Nación en ruinas”, concluye Álvarez.