El analista de mercado señala que la decisión no se tomará este año porque razones política que lo impiden. Asegura que ni a la administración Biden, ni a Maduro, ni a la oposición venezolana les conviene que el caso se cierre este año
CITGO, filial de PDVSA en los Estados Unidos, es un activo que se terminará perdiendo tarde o temprano, según Jorge Piedrahita, analista económico experto en mercados emergentes.
En su análisis indica que “lamentablemente para Venezuela este activo se termina perdiendo en su totalidad en algún momento. Si estoy en lo correcto con referencia a los tiempos posiblemente en algún momento del 2025, si seguimos lo que nos dice la Corte en algún momento de la segunda mitad de el 2024”.
-¿Cómo están viendo los agentes del mercado la situación de CITGO?
-Es una situación que está en sus etapas finales, por decirlo de alguna forma, en el sentido de que este es un litigio que comenzó liderando en su momento Cristallex por un fallo arbitral que había tenido a su favor. Cristallex en sí, como empresa no es necesariamente quien ha estado al frente esto sino un fondo basado en Nueva York que se llama Tenor Capital. El fondo es quien ha puesto el dinero necesario para un litigio de este tamaño. A su vez el fondo compró estas tenencias por un valor muy bajo i suscribió o distribuyó esto con algunas entidades legales (limite partnerships) en donde participaron este family office y algunos inversores americanos.
“En este proceso fueron los primeros que lograron un dictamen del alter ego en donde básicamente quien le debe dinero a Cristallex es la República de Venezuela y ellos iniciaron un caso en que, básicamente, significa que PDVSA es uno y lo mismo con la República y entonces no se goza del beneficio del velo corporativo, que debería gozarse en casos normales. Como quien le debe es la República ellos le van a cobrar a PDVSA, con quien han estado litigando a lo largo del tiempo y fueron a la principal entidad dentro de la estructura de los Estados Unidos que es PDVSA Holdings”, señala Piedrahita.
-Es decir, accionan contra la República de Venezuela y tratan de cobrarse con el activo que tienen más cercano. ¿Es así en una reducción elemental del caso?
-Sí. Demandan a la República. Determinan que PDVSA y la República es uno y lo mismo. Encuentran un activo en los Estados Unidos que es PDVSA Holdings
-…y accionan contra él.
-Exacto. PDVSA Holdings es dueña de CITGO Holdings y recordemos que el 50,1% de las acciones de sus accioones están en garantía para el bono PDVSA 2020 y luego CITGO Holdings es el dueño de CITGO que es la compañía operativa que tiene refinerías con una capacidad de un poquito más de 800.000 barriles de procesamiento por día, más otros activos como oleoductos, gasoductos.
“En el caso que nos atañe de PDVSA Holdings ya lleva varios años y está en manos del juez Stark, que a su vez contrató a lo que se llama un special master, que en este caso es un exjuez con amplia experiencia en este tipo de situaciones, quien ha permitido manejar el día a día de este proceso en donde hay una serie de pasos etapas y hay una serie de acreedores que buscan ejercer sus derechos para cobrarse”, explica el experto.
Señala que que hay una lista pública en donde están cada uno de los acreedores y los montos. Además se señala la etapa del proceso en que se encuentran e indica que “hay siete etapas que tienen que cumplir para beneficiarse de recibir dinero en el momento en el que se haga la subasta pública”.
-Una precisión… ¿Cada uno de los acreedores está en una etapa distinta?
-No todas van al mismo ritmo. En términos generales, casi todas han llegado al paso número cinco que es un reclamo total de unos 20.000 millones de dólares. El único que ha completado los siete pasos es Cristallex a quien se le deben casi mil millones de dólares. En la Corte ha habido, las últimas semanas, una discusión porque hay nuevos participantes que han solicitado una demora de este proceso, porque también quieren tener acceso a ese dinero. Lo más probable que suceda es que el juez les niegue esa solicitid de demorar el proceso bajo el argumento de que hace ya mucho tiempo que esto viene desarrollándose y además también está el tema de que las cortes no pueden esperar a todo el mundo, simplemente, por una cuestión de eficiencia, tienen que seguir avanzando el caso.
“Esto se debería de acuerdo a los tiempos acordados y determinados por la Corte se debería estar haciendo una subasta pública a mediados de este año. Mi opinión personal es que esa subasta pública no se va a realizar en esos momentos”, precisa Piedrahita.
-El panorama que plantea dice que todo está rodando, pero por qué entonces esa liquidación final no se termina dando… ¿qué lo detiene?
-En primer lugar hay una restricción muy clara por parte de la OFAC (Oficina de Control de Bienes Extranjeros. OFAC por su siglas en inglés), oficina que depende de la Tesorería americana que es la que maneja las diferentes sanciones. La posición de OFAC es que no habrá transferencia alguna de un activo que le pertenezca a la República de Venezuela o a Petróleos de Venezuela sin una autorización explícita de esta oficina.
Explica el analista que esta es una oficina de larga data que tiene procesos que no son necesariamente transparentes para el público.
“Obedece a decisiones de carácter primordialmente políticos y dichas decisiones políticas, creo yo, van a prevalecer en que este activo no se transfiera o se venda este año, porque no hace ningún sentido hacer una venta sin la autorización previa de que el activo se va a transferir”, señala.
Al cerrar el foco sobre su análisis señala que se “aquí viene el tema que te mencionaba que yo creo que es de carácter político: Este es un año de electoral tanto en los Estados Unidos como en Venezuela y políticamente no sería bien visto ni para la oposición en Venezuela, ni para la administración Biden en los Estados Unidos, ni tampoco creo que la administración Maduro quiera que en este año electoral ese activo se pierda”.
-No le conviene a nadie que se cierre del caso. ¿Así lo percibe?
-Esa es mi percepción. Recordemos que en los acuerdos de Barbados aunque no se haya avanzado en ese tema, había un entendimiento para un trabajo conjunto entre la Plataforma Unitaria y la administración Maduro en función de la protección de los activos de la República de Venezuela. No he visto avances en ese sentido, pero estoy convencido ya que en charlas privadas todos expresan un deseo relativamente similar de que esto no suceda este año.
-Entonces: ¿qué hacen los agentes económicos? ¿Qué hace el inversionista que está buscando que le paguen su dinero? ¿Cuál es la percepción que puede tener una inversionista que no está metido dentro de la deuda, pero que puede estar mirando a los papeles de Venezuela de PDVSA en el mercado secundario?
-Quienes están dentro del juicio tienen un orden de prioridad y ese orden de prioridad fue establecido por la Corte en una suerte de orden de llegada en la cual se autoriza que participen en el proceso y cumplan estas siete etapas. No todos los que están en este cuadro, que es de público conocimiento, necesariamente van a cobrar en este caso. El valor neto que se le estima a CITGO subió en los últimos por diferentes razones,entre ellas una situación de mercado muy favorable para los márgenes de refinación, por un manejo bastante profesional de la firma. Recordemos que por allá por el año 2015-2016 se calculaba un valor entre siete u ocho mil millones de dólares, pero en este momento ese valor se calcula hasta 14.000 millones de dólares.
-La deuda es de 20.000 millones de dólares, no alcanza…
-Por eso no todos van a cobrar. La percepción del mercado es que si yo soy un tenedor de bonos o un acreedor tanto sea de la República, como de PDVSA yo ya no puedo entrar en este juego. Esto me lleva a un punto que sé que es doloroso para los venezolanos para la República de Venezuela que es, en mi opinión, este activo se termina perdiendo en su totalidad en algún momento. Si estoy en lo correcto con referencia a los tiempos posiblemente en algún momento del 2025, si seguimos lo que nos dice la Corte en algún momento de la segunda mitad de el 2024, pero este activo se termina perdiendo.
-Pero usted ha hablado sobre el peso de la negociación política, el peso de OFAC, el peso de la negociación de Barbados. ¿Eso cómo puede influir en la posibilidad de que no se perdiera CITGO? Los acreedores que pudieran cobrar la van a picar en pedacitos para tratar de de cobrarse algo.
-Una empresa de la complejidad de la que tiene CITGO tienen valor como un todo. El valor disminuye si uno comienza a desguazarla a romperla en pequeñas partes, porque el valor termina siendo mucho menor. Es esa integración entre las partes las que permite ese nivel de eficiencia ese nivel de generación de caja. Entonces la empresa se tiene que vender como un todo si uno quiere maximizar los ingresos que creo que serían lo correcto.
-Insisto… ¿Hay un escenario en el que Venezuela salva a CITGO poor más improbable que parezca?
-Con referencia a si se puede salvar aquí hay un tema de filosofía por parte del gobierno de los Estados Unidos en donde hay un consenso muy claro: cualquiera sea el partido político del Poder Ejecutivo, y en este caso a través de la Tesorería y OFAC, no quiere influenciar lo que ellos llaman contratos privados más allá de lo necesario. Este tipo de sanciones son vistas como de carácter temporal, más allá de lo que han sido sanciones como las de Irán que han durado mucho. La filosofía es que el Poder Ejecutivo reconoce la independencia total, completa y absoluta del Poder Judicial y se tratan con mucho respeto. Cuando el Ejecutivo tiene que comunicarle algo Poder Judicial lo hace a través de un documento llamado Amicus Brief, que es un escrito amigable desde el Gobierno resaltando un tema legal o de seguridad nacional y que la Corte no está en la obligación de aceptar.
“Por otro lado, la Corte cuando el Poder Ejecutivo actúa bajo leyes que les permiten tener ciertos poderes, bajo los argumentos de seguridad nacional, política exterior, como es el régimen de sanciones de OFAC, las cortes no se ponen a discutir si eso está bien o está mal; dicen esto es lo que quiere el Poder Ejecutivo y nosotros lo vamos a hacer, pero siempre el entendimiento es un respeto mutuo y que este tipo de cosas son temporales”, explica.
Piedrahita ahonda en su explicación y señala que el Poder Ejecutivo en lo Estados “tiene el cuasi el monopolio de lo que se llaman las Relaciones Exteriores y el resto de los poderes, es decir el Congreso, el Poder Judicial, respetan ese cuasi monopolio. Digo cuasi porque hay muy pocas circunstancias especiales en las cuales no tiene la autoridad absoluta. Una de ellas es declarar la guerra un tercer país para ello necesita la aprobación del Congreso, pero en este caso sí lo tiene”.
“Pero volviendo a la pregunta que tú me hacías… la venta se va a realizar, lo que puede hacer el Poder Ejecutivo por cuestiones políticas u otros argumentos es simplemente demorar el proceso, pero el proceso se va a hacer, se va a finalizar en algún momento”.
-Tarde o temprano va a tomar la decisión el Poder Judicial por la separación de poderes que existe en los Estados Unidos. ¿Esa es la lectura?
-Esa es la lectura exacta.
