«No se respetan las contrataciones colectivas, se saca un instructivo Onapre que quita entre 40% y 60% a los trabajadores venezolanos. Los trabajadores venezolanos reclaman y los van a meter presos. Eso no es diálogo», subrayó el abogado Eduardo Torres, de la Coalición Sindical Nacional
A las puertas de la Defensoría del Pueblo, entre las figuras que se encontraron este martes 19 de julio para solicitar que se respete el debido proceso de los seis activistas sindicales y de derechos humanos detenidos a partir del 4 de julio, se hallaba Eduardo Torres. El abogado de la Coalición Sindical Nacional ha iniciado un periplo por varias instituciones para exigir que se cumpla con el debido proceso, se respeten los derechos humanos y se escuchen los reclamos populares.
«En las últimas semanas han sido detenidos seis ciudadanos, a quienes se les acusa de asociación para delinquir y de conspiración en unos tribunales de terrorismo. Esto es una injusticia y una arbitrariedad muy grande», afirma. «Los seis tienen como vinculación que defienden los derechos humanos laborales, la defensa de los trabajadores, de las contrataciones colectivas, un salario justo, a propósito de que se viene desarrollando una lucha contra el instructivo Onapre, que pretende cercenar esos derechos porque va contra las contrataciones colectivas».
Torres considera que, «ante el movimiento obrero que va insurgiendo, como no hay respuesta del Ejecutivo, se va desarrollando esta razia represiva para perseguir a algunos de los que vienen organizando y participando en estas luchas». Contra los seis presos «no hay pruebas, simplemente se van a mantener 45 días y en 45 días el fiscal va a presentar una acusación. El derecho penal no es así; este es un exabrupto muy grande».
Esa razia es «una retaliación con la intención de enviar un mensaje de miedo a los trabajadores venezolanos», acusa. Ha sucedido todo lo contrario: «Los trabajadores están convocando a nuevas movilizaciones para defender sus derechos humanos laborales y para exigir la libertad de estos nuevos presos políticos que tienen la característica de ser dirigentes sindicales, activistas humanitarios, defensores de derechos humanos».
La represión, según su visión, «está hoy más concentrada; pero hemos tenido más de 200 dirigentes sindicales detenidos. Es lo que Foro Penal ha denominado ‘la puerta giratoria’: sueltan a uno y meten a otro». Ahora, «como el movimiento está levantándose y, como un una medida desesperada, en menos de una semana detuvieron a seis dirigentes». También hostigaron a Carlos Salazar, director de la Coalición Sindical Nacional, reportó.
Eso se paró, sostiene, «porque hubo una respuesta, porque los trabajadores fueron a la Fiscalía, le entregaron un documento a Saab». Los fiscales, «y eso se lo dijimos, están acusando sin pruebas y sin decir cuál es el hecho, y los jueces son de terrorismo. Defender derechos humanos, hacer activismo humanitario, defender al pueblo venezolano no es delito».
Todo se suma a los expedientes de presuntos crímenes de lesa humanidad «porque hay represión, hay expedientes». Con los dirigentes que intenten encarcelar «vamos a estar atentos», al igual que con otros presos como Javier Tarazona y el profesor Franco.
Incluso, como lo certificó, tienen previsto formar un comité de defensa de derechos humanos: «Se va a ir articulando un movimiento popular». Se proponen invitar a todas las víctimas «porque hay más de 300 presos políticos en Venezuela, y si se articula un movimiento el clamor de libertad va a ser inmenso». La gente «está dispuesta a a acompañar y a exigir la libertad de los presos y está dispuesta a seguir defendiendo los derechos, porque ese es el problema».
Problemas que animen a organizarse sobran, alega. «Nos sentimos en un ambiente muy malo, con la carestía, la economía no alcanza, los salarios están bajos», el instructivo de la Onapre. A su juicio, el gobierno «quiere que la gente deje de defender derechos, pero las luchas por los derechos ahora es que se van a empezar a organizar de una manera más fuerte, firme y organizada».
El abogado apela a que las instancias internacionales los sigan acompañando en las denuncias. Reconoció el esfuerzo hecho por la alta comisionada de Derechos Humanos que ha llamado a buscar soluciones. «La Corte Penal Internacional está instalada en Venezuela, hay una investigación. No sé qué están pensando los que están en los órganos del poder público venezolano; como que no se han dado cuenta de que están siendo observados por la comunidad internacional».
Cree que la OIT observa lo que sucede. «Hay unas centrales participando en el diálogo. Hay otras que son más críticas, pero en definitiva, de lo que se trata es que si hay un diálogo laboral, ¿qué diálogo es ese? No se respetan las contrataciones colectivas, se saca un instructivo Onapre que quita entre 40% y 60% a los trabajadores venezolanos. Los trabajadores venezolanos reclaman y los van a meter presos. Eso no es diálogo».