La Asamblea Nacional trabaja en la modificación del marco regulatorio habitacional en un escenario condicionado por el déficit de viviendas y agravado por los terremotos del pasado 24 de junio, que según las cifras oficiales ha dejado un balance preliminar de más de 17.000 damnificados.
Ante esta realidad, el Grupo Parlamentario Libertad ofreció detalles técnicos sobre el alcance de las propuestas de reforma a la Ley contra la Estafa Inmobiliaria y la Ley de Régimen Especial de Arrendamientos de Inmuebles Destinados a la Vivienda, de cara a su segunda discusión en la plenaria de la Asamblea Nacional.
Según la diputada Alejandra Rodríguez, integrante de la comisión mixta a cargo de la reforma, el espíritu de las modificaciones, que surge tras una serie de consultas públicas con actores clave como la Cámara de la Construcción, la Cámara Inmobiliaria de Venezuela y sectores civiles afectados por los sismos, apunta a corregir lo que los parlamentarios califican como «asimetrías y desequilibrios jurídicos» que congelaron el dinamismo sectorial durante años.
Señaló que la legislación vigente «generó una parálisis por desconfianza cruzada: propietarios renuentes a arrendar por falta de garantías, constructoras desincentivadas para invertir y el sector bancario replegado de la actividad crediticia».
«Esta distorsión colocó en minusvalía a los ciudadanos para acceder a un techo propio o bajo arrendamiento. Reactivar el aparato requiere reconstruir la seguridad jurídica», explicó Rodríguez, enfatizando que superar el rezago habitacional es una tarea pendiente del Estado.
La parlamentaria señala que los puntos a trabajar y sus propuesta pueden resumirse en los siguientes puntos:
– Desburocratización contractual: Los contratos de alquiler podrán formalizarse de manera privada o mediante notarías públicas, eliminando la intermediación obligatoria del ente regulador.
– Fijación libre de cánones: Se abre paso al acuerdo directo entre las partes para establecer el monto del arrendamiento, permitiéndose la indexación según el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
– Esquema bimonetario: Se legaliza indistintamente el pago de los cánones tanto en bolívares como en divisas extranjeras.
– Garantías alternativas: Se fija un depósito equivalente a tres meses de canon o, en su defecto, la contratación de una póliza de seguro de fiel cumplimiento para cubrir eventuales daños al inmueble.
– Mecanismos de resolución: Más allá del circuito judicial tradicional, se incorporan formalmente la mediación y el arbitraje como vías expeditas para dirimir conflictos entre propietarios e inquilinos.
Estimular el crédito bancario
– Acotación del riesgo bancario: Se elimina la figura de la responsabilidad solidaria de la banca. Las entidades financieras responderán estrictamente en su rol de prestamistas y no como garantes de la culminación física de las obras, medida diseñada para destrabar el financiamiento a las promotoras y constructoras.
– Simplificación de fianzas: Se suprime la obligatoriedad de presentar una fianza por el 100% de la obra, sustituyéndola por esquemas de menor carga burocrática.
– Flexibilización de plazos: Se deroga el límite restrictivo de 24 meses que se imponía a los constructores para finalizar los proyectos bajo régimen de fideicomiso, permitiendo acordar lapsos de entrega realistas según cada desarrollo.
– Ajuste inflacionario: Se levanta la prohibición sobre las cuotas excepcionales, habilitando la aplicación del IPC para mitigar el impacto de la inflación real durante la ejecución del proyecto.
De acuerdo con lo que sostiene la fracción Libertad, el proyecto que irá a la última sesión de la comisión mixta incluirá cláusulas expresas para garantizar la no discriminación. La diputada Rodríguez denunció que, durante las consultas, ciudadanos provenientes de zonas vulneradas como La Guaira manifestaron haber enfrentado trabas comerciales por su condición de damnificados, una práctica que recordó está prohibida por la Constitución.
Asimismo, la agenda legislativa contempla añadir incentivos fiscales para el mercado de alquileres y propone la creación de una Comisión Especial de Seguimiento. Esta instancia tendrá la tarea de vigilar la implementación de las nuevas normas y promover la adecuación progresiva de otras leyes conexas, con el objetivo de consolidar una estabilidad duradera en un sector que acumula años de contracción.
