Las primeras ofertas por las acciones vencen este 22 de enero y la segunda ronda de ofertas se llevará a cabo a finales del 2024. Por lo tanto, aún faltan algunos meses para determinar quiénes serán los ganadores del caso
Un largo proceso judicial tutelado por tribunales estadounidenses que involucra a Citgo Petroleum Corp. y a más de 20 de sus compañías acreedoras, un caso que se ha dilatado durante años por marcos sancionatorios y fuertes diferencias políticas, parece estar entrando a su etapa de culminación.
Según la línea de acontecimientos respecto a la situación que enfrenta la compañía, las posibilidades de que Venezuela pierda por completo Citgo, la séptima mayor refinería en Estados Unidos y el mayor activo del país en el extranjero, es cada vez más alta, considerando los constantes intentos de los acreedores por alcanzar un embargo que permita saldar las deudas pendientes de la subsidiaria de la estatal Petróleos de Venezuela SA (Pdvsa), PDV Holding.
Hasta el año pasado, solo las demandadas de empresas confiscadas por el gobierno del expresidente de Venezuela Hugo Chávez, fallecido en 2013, ascendían a 76.762 millones de dólares. No obstante, las condenas y solicitudes de indemnización llevaron las reclamaciones a montos que rondan los $20.000 millones.
Los más de 20 demandantes que esperaban cobrar las deudas por medio de la subasta, prevista para junio del año en curso, incluyen a prestamistas comerciales, tenedores de bonos y empresas. Para conseguir ser incluidos en la lista de los participantes en la puja, los interesados debían seguir una serie de pasos exigidos por el juez encargado del proceso de venta.
Sin embargo, el viernes 19 de enero, un tribunal estadounidense aprobó las reclamaciones de 17 acreedores vinculados a Venezuela, entre los que se encuentran ConocoPhillips, Rusoro Mining y Koch Industries, quienes podrán obtener ganancias de la próxima subasta de acciones de Citgo Petroleum.
Dicha decisión da la prioridad en los pagos a la minera canadiense Crystallex, que presentó el caso, a Tidewater, así como a ConocoPhillis y Huntington Ingalls.
Citgo ha estado bajo el control de la oposición venezolana (bajo la figura de directiva ad hoc) desde 2019 por decisión del Gobierno de EEUU, que aún considera al Parlamento de 2015 como el último organismo con legitimidad en el país, aunque su legislatura culminó en 2021.
Pese de que la directiva ad hoc de Venezuela esperaba que la Corte Suprema revisara el fallo emitido por un juez del Tercer Circuito que declaró la valía de la venta de acciones de Citgo, el pasado 9 de enero, la Corte Suprema estadounidense rechazó la petición, situación que generó el rechazo del gobierno de Nicolás Maduro y de la oposición venezolana.
Según reseñó la agencia de noticias Reuters, la decisión emitida el pasado viernes redujo el alcance de las reclamaciones a 20.800 millones de dólares desde los $24.000 millones solicitados por los acreedores, y se produjo después de que un funcionario judicial excluyera los laudos arbitrales y los fallos judiciales que no habían cumplido con los requisitos del tribunal en el tiempo establecido.
Las primeras ofertas por las acciones vencen hoy, 22 de enero, y la segunda ronda de ofertas se llevará a cabo a finales del 2024. Por lo tanto, aún faltan algunos meses para determinar quiénes serán los ganadores del caso.
Estas adjudicaciones requieren la aprobación de la Oficina de Control de Activos (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que ha protegido a Citgo de los acreedores desde 2019, papel al que dio continuidad la semana pasada tras extender hasta el 16 de abril del año en curso una licencia general que impide a los tenedores de bono de Pdvsa, tomar el control de las acciones de Citgo.
Venezuela abre investigaciones
Tras el fallo de los juzgados estadounidenses sobre la subasta de Citgo, el Ejecutivo venezolano aseguró que se ha tratado de un movimiento que «constituye un paso adicional en la agresión multiforme que se ejecuta desde las instituciones de los Estados Unidos contra Venezuela, con el propósito de expoliar al pueblo venezolano los activos que le pertenecen».
Asimismo, aseveraron que la decisión confirma «el grave perjuicio» causado a los intereses y el patrimonio del pueblo venezolano por la acción de los miembros de la Asamblea Nacional electa en 2015 que, «desde el año 2019, ha pretendido usurpar las instituciones y la representación de la República en el extranjero».
Bajo esta línea de acontecimientos, la Asamblea Nacional de Venezuela designó una junta investigadora que solicitará la comparecencia de exdiputados del período 2015-2020, con el propósito de recabar elementos probatorios.
Detallaron que la comisión especial dejará constancia de la citación de los posibles involucrados en el «despojo y robo de Citgo», a sabiendas de que muchos de ellos no residen en Venezuela.
La lista, de más de 300 personas, que podrían ser investigadas, será dividida en tres grupos, el de los exdiputados 2015-2020 que aprobaron el «estatuto de transición para la democracia» y la designación del contralor general Interino, José Ignacio Hernández, y las juntas ad hoc.
Entre los grupos que estarán bajo investigación también se contemplan las juntas de partidos políticos y las administrativas ad hoc. Finalmente, en la tercera lista destacan los miembros y responsables que han recibido recursos de ONG, por medio de la Fundación Simón Bolívar.
Con la futura subasta, Venezuela podría perder la petrolera sin recibir beneficio alguno, lo que podría jugar en contra de las negociaciones con Estados Unidos, que recientemente se ha abocado a mejorar las relaciones con el país caribeño para fomentar unas elecciones presidenciales justas en 2024.
