Durante su participación en el programa Tributo y Algo Más, transmitido por Fedecámaras Radio, la abogada Karla D’ Vivo y el especialista Alejandro Granadillo analizaron el marco fiscal venezolano, coincidiendo en la necesidad de ejecutar medidas de alivio financiero para el sector productivo y advirtiendo sobre las distorsiones derivadas de la recaudación tributaria local.
Respecto a la eventual reestructuración del sistema impositivo nacional, D’ Vivo rechazó la implementación de cambios intempestivos sin la debida consulta sectorial. «Yo creo que sí se requieren medidas inmediatas, las necesitamos definitivamente, y una reforma tributaria a mediano-largo plazo […] no creo en reformas tributarias abruptas y sin una evaluación real de todos los gremios», puntualizó la especialista.
En su intervención, D’ Vivo propuso optimizar el flujo de caja de las organizaciones privadas mediante la reducción de cargas vinculadas a las retenciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Asimismo, abogó por la revisión de las normativas sancionatorias y tributarias al considerar que estas terminan «limitando mucho la capacidad del contribuyente e incluso llevándolo a no querer formalizarse», al tiempo que sugirió incentivar las donaciones corporativas y agilizar los trámites ante los registros públicos para dinamizar el desempeño mercantil.
En el ámbito municipal, Alejandro Granadillo, abogado de la firma PTSK y egresado de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), centró su exposición en las afecciones causadas por la voracidad fiscal y las trabas operativas asociadas a plataformas de recaudación como el SIGAT. Sobre la aplicación de cobros anticipados, Granadillo precisó: «Las retenciones básicamente es un anticipo de impuesto […] pero es en la recaudación de un impuesto de la que esa persona sea un sujeto pasivo».
Finalmente, el analista sostuvo que la exigencia de retenciones locales a contribuyentes sin presencia física o vinculación territorial en determinadas jurisdicciones contraviene lo estipulado en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal. De acuerdo con Granadillo, dicha práctica propicia escenarios de doble tributación y genera créditos fiscales incobrables que elevan los costos de operación, derivando en un incremento directo sobre el precio final de los bienes y servicios para los consumidores.
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