Un grupo de empresarios pertenecientes a los estados Carabobo, Anzoátegui, Monagas y Bolívar elevó una denuncia ante el titular del Ministerio para el Ecosocialismo, Nelson Alexander Rodríguez, en la cual exponen graves irregularidades dentro de la Dirección de Calidad Ambiental, bajo la responsabilidad de Antonio Ramos Martínez. La denuncia advierte sobre constantes demoras e inconformidades en el procesamiento y entrega de las autorizaciones operativas correspondientes.
Los afectados señalan directamente a funcionarios del área técnica, entre ellos a «Bárbara Laguna y Luis Tovar entre otros», atribuyéndoles una conducta «antiprofesional» por imponer «demasiadas trabas en los recaudos» y bloquear los expedientes por «simples motivos».
De acuerdo con las declaraciones recabadas, estas inconsistencias en la revisión documental paralizan los flujos de trabajo de las compañías, impidiéndoles cumplir con los compromisos contractuales asumidos en sus respectivas regiones.
A la carga burocrática inicial se suma un retraso significativo posterior a la cancelación de los impuestos correspondientes. Los voceros de las industrias indicaron que, «después de tantas adversidades que aprueba el permiso y cancelamos al ministerio una cantidad alta en impuestos, se tardan más de una semana en entregarnos el documento». Esta situación genera costos operativos adicionales e interrupciones en la producción industrial del centro y suroriente venezolano.
Impacto operativo del RACDA en el sector industrial
El Registro de Actividades Capaces de Degradar el Ambiente (RACDA) es un instrumento de control previo y fiscalización ambiental que administra el Estado venezolano para regular la generación, manejo, transporte y disposición final de efluentes, emisiones o materiales peligrosos. Su obtención constituye un requisito obligatorio para operar legalmente dentro de la normativa de conservación ambiental vigente en el país. Sin esta certificación, las empresas se ven legalmente imposibilitadas para mantener sus actividades industriales y comerciales.
Debido a la posibilidad de represalias, la representación empresarial optó por realizar la queja bajo reserva de identidad, manifestando su «temor a represalias contra las empresas o a algún directivo de nuestras compañías». Por ello, solicitaron formalmente la intervención del despacho ministerial para auditar los procedimientos de la Dirección de Calidad Ambiental y restablecer los lapsos legalmente estipulados para la tramitación del permiso.
