El economista Víctor Álvarez considera que la oferta que los tenedores de los bonos presionen a la administración de Trump y a las cortes estadounidenses para que flexibilicen las sanciones y reconozcan a Maduro como la contraparte

Este martes 15 de septiembre, el Gobierno de Nicolás Maduro presentó a los acreedores de la deuda externa venezolana una propuesta de “oferta condicionada” para reestructurar la deuda de la República, Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y de la C(orporación Eléctrica (Corpoelec), para lo que anunció dos plazos de prescripción que vencen el 13 de octubre.

El anuncio generó inquietudes, especialmente por la posibilidad de realizar una renegociación bajo sanciones de Estados Unidos, que pesan sobre las entidades que emitieron los bonos.

Para aclarar muchas de estas dudas, el economista Víctor Álvarez publicó un podcast en el que explica en qué consiste la propuesta realizada por el Gobierno de Maduro, así como algunos detalles de la deuda externa venezolana.

Estos son los datos ofrecidos por Víctor Álvarez:

  • En 1998 ,la deuda del país ascendía 28 mil millones de dólares, 23 mil millones de deuda de la República y 5 mil millones de Pdvsa.
  • En 2008, esa deuda subió a 50 mil millones de dólares y en 2019 llegó a 130 mil millones de dólares.
  • Por las suspensión de pagos en 2007, se han estado capitalizando las cuotas vencidas y por eso la deuda no deja de crecer.
  • Se estima que para finales de 2020, la deuda ascienda a 140 mil millones de dólares.
  • En 20 años la deuda se cuadruplicó y representa cada vez más porcentaje de las exportaciones.
  • En 2008, la deuda representaba el 53% de los ingresos externos y en 2020 supera en 1.900% los ingresos por exportaciones.
  • Los ingresos por exportaciones cayeron de 92 mil millones de dólares a 7 mil millones.
  • Las reservas internacionales bajaron de 42 mil millones de dólares a 6 mil millones de dólares.
  • El tamaño de la economía se ha reducido en casi 70% y es azotada por una prolongada escasez e hiperinflación que ha empobrecido al 76.5 de la población.
  • A finales de 2017, el Gobierno y Pdvsa dejaron de pagar la deuda externa.
  • Según la legislación venezolana, los acreedores tienen tres años para demandar y si no lo hacen pierden su derecho a reclamar.
  • El Gobierno de Maduro, agobiado por juicios internacionales, quiere evitar otra ola de demandas y por eso ofreció a los bonistas dejar sin efecto la intervención de sus derechos siempre y cuando cumplan las siguientes condiciones: Que el acuerdo lo firmen los bonistas que representan al menos el 75% del capital que se adeuda y que los acreedores suspendan los litigios que buscan declarar vencidos los pagos pendientes o ejecutar el pago de capital o intereses.
  • Para los bonistas uno de los problemas que enfrentan es que los bonos fueron emitidos bajo la legislación de Nueva York, que reconoce como presidente a Juan Guaidó y no a Nicolás Maduro, mientras que la propuesta del Gobierno fue realizada bajo la ley venezolana que los acreedores también están obligados a cumplir.
  • La propuesta del Gobierno forma parte de una estrategia para sumar a los tenedores de bonos al lobby, que actualmente hacen las trasnacionales petroleras ante el Gobierno de Estados Unidos, para que flexibilice las sanciones y puedan seguir operando en Venezuela.
  • Cualquier acuerdo de reestructuración de la deuda debe contar con la aprobación de la Ofac (Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro).
  • La propuesta no busca pagar a los bonistas, sino evitar que estos activen más litigios en contra de la República y Pdvsa.
  • Con el incentivo de mantener vigentes sus derechos ante las leyes y tribunales venezolanos, el Gobierno de Maduro busca que los tenedores de los bonos presionen a la administración de Trump y a las cortes estadounidenses para que flexibilicen las sanciones y reconozcan a Maduro, como la contraparte para renegociar su pago.
  • Los bonos venezolanos han perdido más del 85% de su valor y actualmente se rematan en los mercados financieros internacionales que no quieren prestarle dinero al país.