Energy Intelligence publicó un informe en el que asegura que la reforma de la Ley del Sector Eléctrico representa un primer paso positivo hacia la apertura del sector, pero su implementación efectiva requerirá reformas adicionales.
Señala que los inversionistas también deben estar al tanto de las ambigüedades de un proyecto de ley que “enfatiza la supervisión pública, la seguridad pública y la protección de los activos nacionales, pero presta menos atención a la protección de los inversionistas”.
Sobre la reversión de activos sin compensación, el informe explica -según lo publicado en el semanario Exclusivas Económicas- que si una concesión de electricidad se rescinde por cualquier motivo, todos los activos relacionados, incluyendo infraestructura, cables, subestaciones, datos y terrenos, revierten a Venezuela sin compensación para el operador privado, reseñó Bitácora Económica.
“Dada la amplia discreción del Estado para rescindir concesiones, esto representa un riesgo considerable para los inversionistas, y sospechamos que pocos lo aceptarán”, indica.
Añade que solo cuando una concesión expira al final de su plazo natural, el operador tiene derecho al pago por el remanente no depreciado de lo que el proyecto de ley describe como inversiones “realizadas con prudencia”.
El proyecto de ley prevé una multa anual de 10 % por dilación en la entrega de información para diversas infracciones, incluido el incumplimiento reiterado de proporcionar al gobierno la información requerida.
“Una multa anual del 2 % por retraso en la entrega de información para las infracciones cometidas por primera vez, incluidos los retrasos injustificados en la entrega de información”, señala.
Asimismo, se refiere a los amplios poderes discrecionales que establece la reforma al Ministerio de Energía Eléctrica, el cual permite realizar intervenciones permanentes y preventivas en la conducta de los operadores privados. “
“La intervención también puede activarse por cualquier otra causa prevista en las leyes, reglamentos y resoluciones o en la concesión correspondiente. Esta cláusula general podría generar reticencia entre los posibles inversores a realizar las inversiones a largo plazo necesarias para el desarrollo del sector eléctrico”, apunta.
Agrega que las facultades de intervención del Ministerio de Energía Eléctrica no están claramente sujetas a supervisión judicial o administrativa; y especifica que el proyecto de ley tampoco aclara si los inversionistas podrán impugnar la expropiación mediante arbitraje internacional o mecanismos de resolución de controversias, ni cómo se calcularían los daños en caso de rescisión indebida del contrato.
Por otro lado, Energy Intelligence se refiere a que el Proyecto de Ley de Electricidad refuerza que los operadores privados tienen los mismos deberes y obligaciones con el sector eléctrico que Corpoelec.
“Dichas obligaciones incluyen que las empresas privadas de distribución y comercialización de electricidad deben compensar a los clientes por los daños causados por cortes de energía o deficiencias en la calidad del servicio”, sostiene.
Al respecto explica que, para los inversionistas, esto crea una posible exposición financiera directa ante fallas operativas: un riesgo significativo dado el deficiente estado actual del sistema eléctrico.
Además, destaca que el proyecto de ley introduce obligaciones de preferencia, de modo que los operadores privados deben priorizar la contratación de talento venezolano y la adquisición de bienes y servicios nacionales.
“El proyecto de ley de electricidad también extiende la responsabilidad personal a los directores y funcionarios de las empresas eléctricas privadas, lo que permite al Ministerio de Electricidad iniciar investigaciones directamente contra los miembros del consejo de administración o los directores que enfrenten sanciones administrativas y civiles, así como responsabilidad penal por ciertos delitos”, destaca.
